Esta semana fue aprobado en Cozumel, con la negativa del PRI y MC, que el Derecho al Saneamiento Ambiental (DSA) sea cobrado por el Estado, que aportará el doble para robustecer la obra pública de los dos puertos de cruceristas más importantes de Quintana Roo: Mahahual y Cozumel.
El año pasado llegaron a Quintana Roo 5.5 millones de turistas por esa vía, y en lo que va del año ya superan los 4 millones.
Por Luciano Núñez
La argumentación es probar o demostrar una proposición; convencer de lo que se afirma o se niega. El catálogo de argumentos puede ser de lo más variado: mediante ejemplos, analogías, cuantitativo, cualitativo, por silogismo y un gran etcétera.
Como contraparte, el jurista y filósofo del derecho español, Manuel Atienza, comparó que, cuando no hay argumentos, lo que existen son las falacias. Que las define como una forma de argumentación sobre un tema, pero incorrecta, “la apariencia falsa de mostrar una verdad.
Y puede ocurrir cuando hay falta de razones, pruebas no relevantes y, especialmente, “en casos donde se debe apelar a la autoridad, se busca aprovechar la compasión, admiración o ignorancia”. Explica que en las razones inadecuadas no aparecen la refutación, porque no concuerdan la tesis con las razones; se dan por generalizaciones apresuradas o por suposiciones.
Las falacias y los argumentos
El regidor del PRI y ex alcalde, en Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, escribió en sus redes: “En la administración anterior, se recaudó a través del DSA (Derecho al Saneamiento Ambiental) más de 148 millones de pesos”. Lo que no dijo fue de dónde salen sus números.
Quien sí los detalló fue el alcalde, José Luis Chacón, que precisó en sesión de cabildo que el DSA surge de cobrar 16 pesos por cada crucerista, que ahora, con el nuevo acuerdo, pasará a casi 200 pesos, gracias a un acuerdo que logró la gobernadora, Mara Lezama, después de una dura reunión en Miami con las principales navieras que arriban, tanto a Cozumel como a Mahaual, esto, porque su administración se comprometió a hacer un aporte bipartito o paritario, es decir, por cada cinco dólares que aporte cada crucerista, el gobierno pondrá otros cinco. Al cambio de hoy, un promedio general de 19 pesos, casi 200 pesos.
Se trata, sin dudas, de un acuerdo histórico para los destinos de cruceros que, lejos de las falacias, representa acaso el mayor logro que redundará e una obra pública que estos dos destinos jamás hayan tenido nunca, lo que significará que podrían contar con una obra que ronde o supere los 700 millones de pesos en los próximos años, si las proyecciones se ajustan a una temporada de normalidad. “Tampoco leemos el futuro”, aclaró el munícipe.
Acuerdo blindado por 52 por ciento más
El acuerdo de adhesión de Cozumel al Sistema Estatal de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo va más allá. Está blindando, “pase lo que pase”, con un piso de 98.7 millones de pesos que superan, holgadamente, los 64 millones de pesos que apenas recibirá este año. Es decir, un 52 por ciento más.
Decía que, de acuerdo a la sesión de cabildo (en la cual el PRI y MC votaron en contra, pese a los argumentos y números), esta cifra de base se actualizará y ajustará conforme el flujo de pasajeros que arriben a los principales puertos de Quintana Roo.
De entrada, el año que viene, Cozumel podrá disponer de poco menos de 70 millones de pesos para obra públicas y, algo así como 30 millones irán a un fondo de contingencia. Para aterrizar un argumento cuantitativo y de comparación, entre 2018 y 2021, cuando gobernó Joaquín Delbouis, solamente se hicieron 21 millones de pesos en obras, es decir, 7 millones de pesos por cada año de su gestión, en la que prometió drones y cámaras, que nunca funcionaron.
Proyecciones: “Por fin se nos hará justicia”
Las estimaciones dicen que, si las temporadas venideras se desarrollan en parámetros de normalidad, podrían ingresar a este fideicomiso entre 500 y 700 millones de pesos. El año pasado ingresaron poco más de 5.5 millones de pasajeros por vía de cruceros, y este año, apenas en los primeros meses de 2024, ya van 3 millones 885 mil pasajeros, con datos del Inegi y de la Secretaría de Marina.
¿Y quiénes integrarán este fideicomiso?: en detalle serán 4 integrantes de las navieras, cuatro espacios tendrá el Gobierno del Estado de Quintana Roo, el presidente municipal de Cozumel, José Luis Chacón, y la alcaldesa de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez. Ya con este escenario, los alcaldes de Cozumel y Othón P. Blanco deberán ir elaborando proyectos en materia de seguridad y desarrollo social. Por lo pronto, Chacón adelantó que, dadas las necesidades en ambos municipios, ya tienen proyectos por cerca de mil millones de pesos, que contemplan cámaras de vigilancia, equipamiento para la policía, cuarteles y pavimentación.
Y recordó que pasaron gobernadores cozumeleños (Pedro Joaquín Coldwell, Miguel Borge Martín, Félix González Canto y Roberto Borge Angulo) que no tuvieron la iniciativa de darle a Cozumel lo que se merece.
«Por fin una mujer gobernadora le está dando lo que Cozumel requiere”, comparó con argumentos de analogía, historia y hasta género.
Si los destinos que reciben a millones de turistas en tránsito, que dejan oleadas de basura, transitan calles (que acaso nunca más volverán a pisar) y utilizan la infraestructura que financian el Estado y el Municipio, era hora de que el Estado intervenga para que, como dice la primera gobernadora, “el beneficio sea compartido”. Que exista aquello de «achicar brechas de desigualdad”.
Porque, parafraseando a AMLO, “No puede haber cruceristas ricos que desciendan a pueblos pobres”.
La derrama debe quedarse en casa.
Dicen que los buenos políticos y la grandeza de una oposición, estriban en NO poner palos a las ruedas, sino en mejorar las ideas con argumentos y apoyarlas, si son buenas, sin importar de dónde vengan. Aquí la oposición vuelve a hacer agua: ineficiente y falaz.
Te puede interesar: Naderías totales | 1985 y las oscuras catacumbas de taxistas de Quintana Roo
