Por Jaguar Negro
Cancún, Quintana Roo. Una de las banderas del gobierno de Carlos Joaquín González fue la supuesta recuperación de las villas del CREA, que fueron vendidas a precio de ganga en la administración de Félix Gónzález Canto, al poderoso empresario Ricardo Vega Serrador, el “Rey de las Gasolineras en Quintana Roo”.
Ahora el diputado Ricardo Velazco se apresta a solicitar información, dado que está en el limbo jurídico la información completa de las tierras de la Zona Hotelera de Cancún que pasaron sospechosamente a manos privadas.
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De acuerdo con información que se publicó en Grupo Pirámide sobre este asunto, el nombre de los beneficiarios del CREA fue Caveri Servicios Inmobiliarios S.A de C.V, empresa propiedad de los magnates de la gasolina, Ricardo Vega Serrador y Anuar Fayad Hassan, quienes protocolizaron la compra a través de su notario de cabecera: José Antonio Arjona Iglesias, ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Quintana Roo, inhabilitado por cometer irregularidades y presuntos actos de corrupción.
No son los primeros negocios que entablan con el sexenio pasado. También fueron privilegiados para contar con alrededor de 50 expendios de gasolina.
IPAE fue la clave
Para entender la transacción del CREA es necesario hablar del desaparecido Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.
Allí, durante su gobierno González Canto colocó a su comadre, la arquitecta Gina Patricia Ortiz Blanco.
El instrumento jurídico era un guante a medida para facilitar la venta de terrenos de gran plusvalía en detrimento de la ciudadanía.
El IPAE daba en algunos párrafos “superpoderes” al Ejecutivo para disponer de los bienes muebles a inmuebles del Estado:
“Artículo 7.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá determinar la adquisición, afectación o destino de un inmueble para uso común, mediante Decreto que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado”, aunque según el artículo 15 del Reglamento de dicha Ley, “Sólo podrán desincorporarse del régimen de dominio público los bienes correspondientes, cuando así lo decrete la Legislatura del Estado. Para tal efecto el Ejecutivo Estatal, previo dictamen del Comité, solicitará a la Legislatura que así lo acuerde. En todo caso el Ejecutivo Estatal motivará y fundamentará su solicitud”.
Nunca pasó por Congreso CREA ni terrenos de Uqroo
El ex diputado José Hadad Estéfano (2008-2011) dijo a Grupo Pirámide en su momento que nunca desincorporaron este inmueble del dominio público para pasarlo a privado y poder concretar su venta.
“Nunca pasó por el Congreso ni ese ni el tema de la Universidad de Tulum que se cambiaron por un campos en Playa del Carmen, eso nunca pasó por el Congreso, pero se suponía que debía haber pasado”, decía en aquel entonces el panista, quien además advertía: “Ahí hay un delito flagrante. A menos que hayan falsificado un decreto, porque ese terreno no era del IPAE. O en todo caso, debió haberse aprobado su desincorporación para su venta. Sino imagínese, cualquier gobernador haría lo que se le diera la gana con el patrimonio del gobierno del estado”.
La mejor ubicación a precio de ganga
El precio real de los 10 mil 015 metros cuadrados superaba los 63 millones de pesos, según lo documentó la fundación “Somos Tus Ojos”.
Vega Serrador, en cambio, pagó 38 millones 961 mil 244 pesos, la mitad, por un predio dotado con una de las mejores playas de Cancún, donde según los expertos van a parar los arenales que se “fugan” de otras playas por su ubicación y las corrientes marinas. Se trata del tramo costero ubicado en el kilómetro 3.
Historia del predio
Las Villas del Crea ubicadas en el kilómetro 3 de la Zona Hotelera es un albergue que perteneció al Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud; comenzó a ser construido en 1978 por el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), bajo el concepto de hoteles socioculturales.
Tenía capacidad para 650 camas y tuvo notable éxito durante sus primeros años.
La falta de inversión motivó que el edificio sufriera daños hasta que ya no fue funcional.
El ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz intentó recuperarlo con una inversión fuerte bajo el concepto de hotel escuela (se habló de 33 millones de pesos, y la administración de la Universidad del Caribe a través de un fideicomiso), pero el proyecto no alcanzó a cuajar.
Wilma acabó con el proyecto
El último intento de recobrar su esplendor se llevó a cabo en 2010 para albergar al Centro Nacional de Capacitación en Alto Turismo (Cenaltur), con inversión conjunta de los gobiernos de Francia y México por alrededor de 60 millones de pesos.
De hecho, comenzó la primera etapa de la obra que fue entregada en abril de ese mismo año.
Félix González Canto arrancó con la segunda etapa con una inversión de 12 millones de pesos, pero el huracán Wilma arruinó la operación de rescate.
Desde ese año el lugar quedó en el abandono y finalmente el IPAE delimitó el predio con malla perimetral y un cartel que la demarca como propiedad del gobierno del estado.
A comienzos de 2011 el IPAE concretó la venta a Caveri que inmediatamente promovió un cambio de uso de suelo cuando finalizaba el interinato de Jaime Hernández Zaragoza.
El rechazo social anuló las intenciones, pero existe la especulación que el nuevo Programa de Desarrollo Urbano (PDU) que intenta actualizar el Municipio de Benito Juárez lograría que éste y otros proyectos de gran impacto vean la luz.
¿Qué decía el marco jurídico del desaparecido IPAE?
Artículo 53.- En las permutas de bienes inmuebles, el Instituto deberá garantizar:
III.- Que exista un claro beneficio para el Estado.
Artículo 55.- Las enajenaciones onerosas podrán realizarse mediante licitación pública, subasta
público o adjudicación directa. El cualquier caso, el Instituto procurará que el procedimiento
asegure las mejores condiciones económicas presupuestales para el Estado.
Las bases de la licitación se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y
cuando menos, contendrán:
I.- El precio base de la enajenación, que se determinará de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Consejo Directivo del Instituto;
II.- La manifestación de los propietarios, poseedores y usufructuarios a que se refiere el artículo
56 de este Reglamento, para ejercer su derecho del tanto, en la parte proporcional que les corresponda.
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