En Quintana Roo se ha normalizado que los servidores públicos se ubiquen de las dos partes del mostrador: son jueces y parte; servidores públicos y empresarios.
Por Luciano Núñez
En un mundo con empresas que imponen que ser es tener, pareciera que el desmedido afán por ello ha germinado en Quintana Roo un nuevo perfil de ser burocrático: el de servidor público y empresario a la vez. El coloquial “dobleteo” en el que, desde luego, hay un conflicto de interés, según las leyes federales y locales.
¿Se puede ser magistrado y al mismo tiempo litigar?, es decir: ser juez y parte. En Quintana Roo la ley lo prohíbe, pero en los hechos, sucede. Es lo que días atrás ha denunciado la abogada Araceli Andrade Tolama, que ocurre con toda normalidad en nuestro Tribunal Superior de Justicia.
También se ha hecho tradición, uso y (mala) costumbre que los servidores públicos tengan un medio de comunicación, ya sea por sí, o por «interpósita persona», como se estila en el Caribe Mexicano. La pregunta sobre esos medios sería: ¿publicarían una denuncia de corrupción en la que está involucrado el propietario? En el deber ser sí, en la praxis, jamás ocurre.
¿Confiaría Usted en un magistrado que litiga e imparte justicia; o en un periódico que es de un político?
Calamitosos resultados de políticos
A lo largo de la corta historia de Quintana Roo, no pocos representantes populares o servidores públicos han incursionado en el mundo editorial y, en la vasta mayoría de los casos, con calamitosos resultados, como el fallido Respuesta, El Quintanarroense, La Verdad o el Adiario, que ensalzaban figuras políticas o enderezaban campañas negras tanto a empresarios incómodos, políticos de oposición y hasta periodistas.
Ahora bien, en la mayoría de los casos fueron casos de servidores públicos que se pasaron a los medios de comunicación tras la conclusión de mandatos, dado que la información no sólo es privilegiada para ellos, sino que presenta sesgos que interfieren con el derecho a la información. No han sido pocos los mandatarios que, incluso, figuran como socios en actas constitutivas de empresas, sino que financian (generalmente con uso de recursos públicos) para que sus carreras políticas tengan una plataforma en la que mostrarse besando niños y prometiendo a diestra y siniestra. Ahora es el diputado federal Alberto Batun Chulim quien, con el tiempo que le pagamos los ciudadanos para que legisle, ha decido invertirlo (con dos socios) en un proyecto periodístico de corte netamente morenista. Si a Santiago Nieto lo destituyeron de la Unidad de Inteligencia Fiscal, UIF, por un casamiento, ¿Qué debería sucederle a este servidor público?
Como se preguntaba Hamlet: Ser o no ser. Nadie en el servicio público puede quitarse un uniforme para luego calzarse la camiseta de empresario. Se ha discutido mucho dónde termina el horario laboral de un servidor público y la conclusión es que, si bien existe un rango oficial de ocho horas diarias, no hay horario preciso. Acaso un bombero no atenderá un incendio si no está en su horario laboral. Mara Lezama, gobernadora electa define que el servicio público es un trabajo 24/7.
Lejos de la objetividad
Si la información es un bien público, además un derecho muy preciado, ¿puede buscar la objetividad un político o un servidor público?, sencillamente no. Quizás no alcanzan a entender que están de un lado totalmente opuesto al periodismo, en el que, para su ejercicio se deben contar, al menos, con ciertas nociones básicas para dirigirlo o desarrollarlo, ya sean empíricas o de formación académica.
Además de que no es ético, veamos qué dice la ley. Una de las normativas más modernas de México es la de la Ciudad de México: “Existe conflicto de intereses cuando un interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios de la persona servidora pública pueda afectar el desempeño imparcial, objetivo de sus funciones».
Responsabilidad de los servidores
En la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de México, en su artículo 47, fracción XIII, dice que el servidor público debe excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.
¿Qué dice la ley en Quintana Roo?
En la ley de Servidores Públicos de Quintana Roo, artículo 47, refiere que un servidor públicos debe, “Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de utilizar los recursos públicos que tenga a su disposición en virtud de su cargo, al apoyo de un partido político o de un candidato, o de proporcionar ese apoyo con su participación o a través de la de sus subordinados usando el tiempo correspondiente a sus labores para prestar servicios a un partido político o a un candidato; sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle.
En conclusión
El no cumplir con las responsabilidades delegadas por el voto popular ha devenido en que los presupuestos públicos pasen a manos privadas a través de esquemas en los que el influyentismo y el amiguismo campean en nuestro mapa, que a la corta y a la larga, se han traducido en deficiente planeación urbana, calles de papel y boyantes negocios inmobiliarios y a través de supuestos medios de comunicación que sólo miran para un lado: o el propio o el de una bandera política: antes PRI ahora Morena.
Lejos de haber aprendido de los errores del pasado, Quintana Roo parece condenado a seguir tropezando con la misma piedra. Así, mientras unos ven en la 4 transformación negocios, otros, la manera de perpetuase en la ubre del gobierno, en el que la austeridad republicana parece una frase sin sentido o una marca en pleno proceso de decadencia.
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* Es técnico en Periodismo y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. Postgrado de Opinión Pública por FLACSO y diplomado de géneros periodísticos en La Salle, Cancún.
Trabajó en medios de comunicación de Argentina y México y publicó los libros Voces que Vuelven y Tan Lejos y Otra Vez en Casa.
Fue director de Comunicación Social en Benito Juárez, Cancún y Solidaridad, Playa del Carmen.
Actualmente es director general de Grupo Pirámide y Vértice.
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