La empresa concesionaria del servicio de agua potable fue rechazada mediante votación popular en los cuatro municipios en los que presta el servicio; el sindicato de taxistas ha impedido durante años el ingreso de las plataformas digitales, como Uber; mientras el sector hotelero se ha quedado con cerca de mil 400 millones de pesos del presupuesto. La delincuencia organizada tiene una alta presencia en Quintana Roo, incluso, reconocida por el fiscal del Estado.
Por Luciano Núñez
La Real Academia define al poder fáctico como un, “Sector de la sociedad al margen de las instituciones políticas que ejerce sobre aquella una gran influencia, basada en su capacidad de presión”. Y pone como ejemplo a la los bancos, la iglesia y los medios de comunicación. En Quintana Roo los poderes fácticos se traducen en sectores muy definidos: la concesión del servicio de agua (Aguakán); el transporte (Sindicado Taxista y transporte urbano: TTE y camiones), sector hotelero (Empresarios y Asociación de Hoteles) y delincuencia organizada (cárteles).
Alianza estratégica
Hoy, en una alianza estratégica con Noticaribe Peninsular, dirigida por Sergio Caballero, presentamos Debate Directo, un nuevo espacio eventual que estará en nuestros portales desde esta semana, en el cual, los diputados debatirán sobre diferentes tópicos y darán cuenta a la sociedad de los temas importantes del Estado. Como primer tema abordaron la problemática acerca del servicio de concesión de agua a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C. V., más conocida como Aguakán.
Este corporativo se ha quedado con un jugoso contrato hasta 2053, aun cuando en los cuatro municipios en los que presta el servicio los ciudadanos lo han rechazado, por fallas en la presión, cobros indebidos y otras quejas que la mantienen, además, como constante tema de uso político.
La senadora Marybel Villegas Canche logró reunir 50 mil firmas para que, en el pasado proceso electoral, los electores pudieran aprobar o rechazar el servicio. Si bien ganó el rechazo por abrumadora mayoría en los cuatro municipios, en Solidaridad no alcanzó el porcentaje requerido para ser vinculante, debido a que la votación fue menor al 35 por ciento requerido.
Lo concreto es que la empresa continúa facturando y nadie sabe qué procederá con lo ocurrido en las elecciones pasadas de 2022. Desde el gobierno se ha dicho, no pocas veces, que sería un gasto colosal rescindir el contrato o, en dado caso, hacerse cargo del servicio y la inversión que ello conllevaría. Existen numeroso casos en el mundo, como en Tucumán, Argentina, donde la concesionaria (llamada en el sur Aguas del Aconquija) fue desterrada, aún a costa de pagar un millonario juicio internacional. En 2019 publiqué en este mismo espacio cómo se gestó el ingreso de la concesionaria de origen francés a México y Quintana Roo, cuyo texto resumo.
Salinas abrió la llave…
“Fue el presidente Carlos Salinas de Gortari el que abrió la llave a los capitales extranjeros que querían invertir en México. Y los primeros Primero ingresaron al esquema fueron Aguascalientes y Cancún (1990); y a través de contratos de prestación de servicios: Nogales, Navojoa, Distrito Federal y Puebla, de acuerdo al archivo de El Universal.
Origen francés…
En Cancún la empresa que provee del servicio es Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), filial de la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), que aporta el 50.1 del capital, y en 2002, con la participación de Azurix, que a su vez fue adquirida por BAL-ONDEO, asociación compuesta por Peñoles y Suez Environnement, según los propios documentos de Aguakán en su portal. Suez Environnement viene del grupo francés Suez, que opera en los sectores de tratamiento de aguas y la gestión de residuos, y que figura entre las cinco empresas más grandes del mundo. Suez fue dividida en 2008 para permitir su fusión con Gaz de France, creando GDF Suez, actualmente Engie y Suez Environnement, es decir, la que está detrás de Aguakán.
Para concretar dicha firma, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, CAPA, que operaba el servicio y depende del gobierno estatal, asumió pasivos de DHC por 20 millones de dólares, «originados por la obra de agua en bloque realizada al amparo del contrato administrativo firmado a finales de 1990».
Concesión hasta 2053
El 5 de diciembre de 2014 el exgobernador Roberto Borge y representantes de CAPA y Aguakan, firmaron un contrato en el que quedó asentado que la concesionaria pagaría al gobierno de Quintana Roo mil 55 millones 999 mil 962 pesos como contraprestación única al concluir con el trámite de la privatización del agua, pactado a más tardar para el 18 de diciembre de ese mismo año. Pero fue el 15 de diciembre cuando, en el número 114 Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, se publicó el Decreto número 250 por el que se aprobó prorrogar anticipadamente a su vencimiento la vigencia del título de concesión integral otorgado a Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV.
Ambos montos: por el préstamo y el pago extraordinario, duraron sólo unos minutos en las cuentas bancarias de CAPA antes de que fueran transferidos a una cuenta de la Secretaría de Finanzas, que dirigía entonces Juan Pablo Guillermo Molina, y de ahí desaparecieron. Por este asunto fue a prisión (y luego liberada), Paula Cetina, ex titular de la CAPA, Guillermo Molina se amparó y nunca fue a declarar por este asunto.
En conclusión
Ahora, la encrucijada para el Estado es decidir qué sucederá, si será taxativamente vinculante la decisión ciudadana de no dejar el servicio en manos de una empresa privada o seguirá operando como lo hace desde 1993.
Pasan los gobiernos desde el PRI, el PAN y ahora Morena, y ninguno ha resuelto a fondo el asunto que es recurrente. Tanto en Argentina como en Francia (con la luz), han decidido que el Estado debe tener control de sus recursos naturales y servicios básicos, que no deberían ser un negocio que dependa del mercado, sino un bien de dominio nacional que privilegie y anteponga a sus habitantes. El caso más próximo se dio el año pasado en Nuevo León, donde tuvo que intervenir el gobierno para “repartir el agua” en tiempos de sequía.
Uber, en espera…
Tampoco el Congreso de Quintana Roo ha resuelto qué sucederá con las plataformas digitales, en el caso particular de Uber, que no ha podido trabajar en Quintana Roo como lo hacen las otras plataformas como AIRBNB, dadas las presiones del poderoso poder fáctico del Transporte, férreos opositores a la entrada de la plataforma, quienes incluso conformaron escuadrones paralelos al gobierno para violentar a quienes intenten trabajar con este sistema que opera en 77 países del mundo. El servicio sigue operando de manera “clandestina”, es decir, sin la mínima intervención del estado.
Hoteleros, consentidos del presupuesto…
El sector hotelero acaba de quedarse con nada menos que cerca de mil 400 millones de pesos del presupuesto de egresos del gobierno de Quintana Roo, de los cuales, 700 millones corresponden y están ya etiquetados en el presupuesto de Egresos, y los otros, se desprenden del mayor porcentaje del impuesto al hospedaje, que pasó del 3 al 5 por ciento, otros 700 millones de pesos. Nadie sabe hasta hoy a ciencia cierta a dónde fueron a parar los millones de pesos del Consejo de Promoción Turística, CPTQ, ni mucho menos dónde se realizan las publicidades para promover el turismo en Cancún. Sin embargo, las facturas impagas ahí están por millones para promover empresas privadas con un fideicomiso que va a contracorriente con la política de la 4T.
Grupos delictivos
En una entrevista reciente el fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, reconoció la presencia de al menos tres cárteles de la delincuencia organizada, que generan violencia con cobros de derecho de piso, venta de drogas prohibidas a plena luz del día y disputas entre bandas rivales que dejan muertes en vastos sectores de la ciudad. Así, Quintana Roo se ha convertido en el estado más violento de la península, con más de 40 mil hechos delictivos por año y una constante disputa por la venta de estupefacientes.
Hasta ahora, como reza el título, los poderes fácticos imponen sus parcelas de poder, ante el Estado y Federación que están muy lejos de tomar el verdadero control.
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* Luciano Núñez Es técnico en Periodismo y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. Postgrado de Opinión Pública por FLACSO y diplomado en géneros periodísticos en La Salle, Cancún, e Historia de Quintana Roo en la Universidad del Caribe y Sociedad Andrés Quintana Roo.
Trabajó en medios de comunicación de Argentina y México y publicó los libros Voces que Vuelven, Tan Lejos y Otra Vez en Casa y la novela Magnificens Cancún, editada por Miguel Ángel Porrúa.
Fue director de Comunicación Social en Benito Juárez, Cancún y Solidaridad, Playa del Carmen.
Actualmente es director general de Grupo Pirámide y Vértice.
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