Por Nicolás Durán de la Sierra

De plácemes está el Consejo Ciudadano de Chetumal pues, luego de más de un año de litigios en juzgados, mañana al medio día volverá a la plazoleta del congreso la estatua de Don Andrés Quintana Roo, removida por la pasada legislatura para edificar en su sitio una cafetería disque para sus empleados, por más que la surrealista excusa suene harto difícil de creer.

En la ceremonia oficial no estará el hoy diputado federal Humberto Aldana, el autor de la pifia, pero sí don Jorge Sanén, líder de esta legislatura, quien en su manido discurso reiterará que el regreso de la efigie, a lo que él se opuso, muestra que la bancada guinda va con los reclamos comunitarios. Claro, sobre todo si los escoltan numerosos amparos que obligan la restitución.

En descargo de la empañada imagen guinda, todo hay que decirlo, junto a la estatua se colocará una nueva asta bandera, más alta que la anterior y más lucidora. Sin duda, en el acto protocolario se aplaudirá a doña Georgina Marzuca, presidenta del consejo cívico, quien impulsó la batalla legal para el regreso de Don Andrés junto con algunos otros notables capitalinos.

Esta trama de política tropical resultaría incompleta sin misterios, como a dónde fueron a parar los más de diez millones de pesos que la XVII diputación se asignó para la obra -no querían cualquier cafetería- y quién remozó la nariz del prócer, pues en su desalojo, la efigie resultó dañada en tan sensible apéndice. Sería útil saberlo por si esta legislatura tiene alguna ocurrencia.

Del tintero: El embate legal contra el periodista Javier Chávez Ataxca, de amplio prestigio en todo el estado, al acusarlo de “violencia política de género” por exhibir los sabidos trafiques de una regidora naranja del Municipio José María Morelos, no sólo es infundado sino también da pauta del uso faccioso de la ley contra la libertad de expresión, de una ley garrote disfrazada de civilidad.

El que el tribunal electoral haya desechado el caso sin mayor dilación, habla bien del propio tribunal, pero no implica que no se diera el abuso. Su indignación por la pesquisa de que fue objeto está justificada, sobre todo tratándose de una denuncia sin pies ni cabeza a la que dio cabida el instituto electoral estatal.

La organización periodística Artículo 19 advierte que el uso indebido del principio violencia política de género, creada contra la discriminación femenina en México, ha devenido “en instrumento que inhibe el debate público, se señala en un reporte reciente, ha llegando a eliminar publicaciones críticas para personas en el poder”. El caso de Javier Chávez ilustra lo señalado.