La XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó el 19 de agosto pasado reformas a la Ley de Asentamientos Humanos; la Ley de Acciones Urbanísticas; la Ley del Equilibrio Ecológico y la Ley de Derechos. Y ese mismo día la SCJN declaró inconstitucional la modificación a algunas leyes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución a la controversia constitucional 471/2023, presentada por el municipio de Solidaridad -hoy Playa del Carmen-, que declaró inconstitucional otorgar al Ejecutivo estatal facultades exclusivas de los ayuntamientos en materia de uso de suelo y licencias de construcción.
Pese a ello, el Congreso sustituyó la figura de “Constancias” por “Dictámenes de Viabilidad Urbanística y Mitigación de Impactos”, que mantienen el control estatal sobre los desarrollos inmobiliarios. Solo los diputados Hugo Alday y José Luis Pech manifestaron su rechazo.
Las reformas ya fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado y contemplan cobros adicionales por la emisión de estos dictámenes, lo que impactará en los presupuestos de proyectos inmobiliarios.
Especialistas, como el presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz, advierten que se trata de una simulación legislativa que podría volver a ser impugnada ante la Corte.
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