La licencia de construcción, le dijo el municipio que encabeza Diego Castañón a la jueza, tiene una “regulación de obra”, con lo cual, la empresa todavía dará al parecer la batalla legal, después de haber hecho una obra en una zona natural protegida, con dos niveles más de lo que dice la reglamentación general de Desarrollo Urbano.

Luciano Núñez

En teoría las leyes rigen la forma de vida de los ciudadanos. Es decir, si nos apegamos a la más básica definición de democracia: el pueblo manda a través de sus representantes que se encargan de hacer leyes.

Bueno, todo esto en una teoría muy básica, muy primitiva. Porque en Tulum existe una teoría muy relativa que supera a Albert Einstein: primero se hace y luego la ley debe adaptarse a ello. Sí. Es un Estado de Derecho, pero al revés. Así es como suceden los giros empresariales en Tulum, donde un grupo ha construido un edificio de siete niveles, en vez de cinco, que en teoría marca la normativa, pero lo han hecho encima de una área natural protegida. ¿Protegida por quién?

Lo nuevo que se sabe del escandaloso caso de Adamar, que construyó sobre la bahía Soliman, es que una jueza (después de que fuera ordenada la demolición del hotel fuera de la normativa federal), le ha consultado al ayuntamiento si en realidad tiene licencia de construcción, porque en teoría, esas teorías que son muy relativas, la empresa argumenta que tiene permiso para hacer lo que hizo. Y el representante de Desarrollo Urbano, Lorenzo Miranda Miranda (quien también figura en otro escándalo por despojo de tierras), le ha contestado a la jueza que la licencia 1346 se encuentra suspendida: consecuencia del amparo promovido por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano (DMAS), cuya representante es Antonella Vázquez. Sin embargo, y aquí viene lo más importante de la respuesta de una cuartilla y media, es que la empresa cuenta con una licencia de “regularización de obra”.

Y en esta maniobra el ayuntamiento habla de una serie de condicionamientos por los cuales otorgó el permiso, es decir, la licencia de construcción, que dice en otras cosas, que el proyecto deberá contar con los permisos de los tres niveles de gobierno, Manifestación de Impacto AMbiental y otros requerimientos que, desde luego, el proyecto no tenía ni tendrá, por cuanto un juez federal ya ordenó la demolición del edificio.

Desarrolladores construyen de más

Es decir, el ayuntamiento otorgó esta regularización sobre supuestos que, consta en la realidad, no existen y, además, el promovente hizo 28 departamentos de más en dos niveles que impide la normativa general de construcción en la zona. Pero lo concreto es que al tratarse de un área protegida, por estar dentro del área de anidación de tortugas, nunca debió expedir tal autorización.

La orden de demolición parecía demasiado buena, ejemplificadora para la poderosa industria inmobiliaria, que está visto, no dejará de dar la batalla.

Parecía demasiado bueno pensar que en Quintana Roo hay un estado de derecho, o más bien, una democracia, que funciona como debería: sin amoldarse a los caprichos empresariales ni a funcionarios de medio pelo que están al frente de los recursos naturales de toda una sociedad.

Mañaneras de juguete

Sin embargo, el alcalde Diego Castañón no tiene empacho en salir a hacer campaña por municipios aledaños, ni mantener en la nómina a personajes que destilan maniobras extrañas para amparar a empresas que violan la normativa más básica del municipio y del Estado. En sus Mañaneras de juguete todavía no se ha animado a contestar sobre el tema, que dejó tartamudo a Miranda Miranda. ¿Acaso le tendrán que devolver algo a los empresarios que se afanan en sostener la ilegalidad?

Recientemente la autoridad estatal le retiró la anuencia a este proyecto, ¿quién entonces sostiene a este edificio que vende departamentos que cuestan entre 800 mil y un millón de dólares? ¿Sólo el dinero?

Después de las aberraciones ecológicas de Cancún, ¿todavía no hemos aprendido nada?

El final todavía está abierto… ¿Ganará la razón y la democracia, o las malas prácticas que han venido permitiendo que Quintana Roo pierda gran parte de sus recursos naturales?

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