El gobierno del estado de Campeche, encabezado por la morenista Layda Sansores, llevó a cabo la expropiación de tres terrenos que suman poco más de 7 hectáreas ubicados en la zona residencial de Lomas del Castillo, los cuales se encontraban a nombre de la madre del dirigente nacional del PRI, Alejandro «Alito» Moreno Cárdenas, y de un empresario a quien el gobierno estatal señala como su presunto prestanombres.
“Hoy hicimos un acto de justicia, hace poco se aprobó una Ley de Expropiación, inventaban que se les iba a quitar las casas”, dijo la noche del martes la gobernadora Layda Sansores en su programa “Martes del Jaguar”.
Al respecto, en conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que dichos terrenos son producto de lavado de dinero y de la corrupción. “Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción y por eso viene este esquema”, dijo la mandataria mexicana.
Sheinbaum agregó que estos casos refuerzas una necesidad de fortalecer la ley de extinción de dominio. “Fíjense, ahora, estamos planteando, nada más que se está trabajando, la ley de extinción de dominio, porque es muy difícil que haya extinción de dominio, incluso en casos de delincuencia organizada, donde está probado. O sea, ya está la sanción a la persona, y hacerle extinción de dominio es muy largo”, detalló.
La expropiación se fundamentó en la declaratoria de «Utilidad Pública», publicada en un decreto en el Periódico Oficial la semana pasada. Los predios afectados a allegados de Moreno son:
1. Un predio de 1.4 hectáreas a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del líder priista.
2. Dos predios adicionales registrados a nombre de Juan José Salazar Ferrer, un arquitecto a quien el gobierno morenista acusa de ser prestanombres de «Alito«. Uno de estos mide 1,111 metros cuadrados y el otro abarca 5.2 hectáreas.
La Fiscalía de Campeche ha señalado que Salazar Ferrer recibió directamente esos dos terrenos de parte de Alejandro Moreno mediante «dación de pago».
En total, los tres terrenos a nombre de la madre de Moreno y el supuesto prestanombres se encuentran colindantes con la residencia del dirigente del PRI y de su madre dentro del fraccionamiento Lomas del Castillo.
La gobernadora Sansores mencionó que uno de los terrenos estaba «enfrentito de su casa» y contaba con amenidades como una cancha de pádel, un jardín para fiesta y caminos.
El decreto de expropiación argumenta que los predios serán destinados a la construcción de la Escuela de la Salud de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
Layda Sansores justificó la acción como un «acto de justicia» y aludió a la Ley de Expropiación recientemente aprobada en Campeche que sustentó la medida.
La gobernadora señaló que, al declararse de utilidad pública, «ahora sí no se valen los amparos», sugiriendo que la medida «avanza porque avanza» y que la próxima aprobación de la polémica nueva Ley de Amparo en el Senado impediría a Moreno obtener una suspensión de la acción.
Además de los tres terrenos vinculados a Moreno, el decreto de expropiación incluye otro predio de 2 hectáreas que es propiedad de Rafael Arturo Castilla Azar (actual funcionario del Gobierno de Layda) y Gabriela Castilla Azar.
La expropiación ocurre en un contexto donde Alejandro Moreno, quien fungió como gobernador de Campeche de 2015 a 2019, es investigado por la Fiscalía de Campeche por presunto peculado, abuso de autoridad, y uso indebido de atribuciones y facultades.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reconoció que el gobierno de Campeche le expropió un terreno de 1.1 hectáreas a su madre y asegura que lo va a enfrentar legalmente, ya que es “persecución política” y calificó de “locuras, falsedades y calumnias” que cercanos a él contaban con terrenos de siete hectáreas.
Asimismo, sostuvo que que esta determinación del gobierno no solo es ilegal, sino que también es inconstitucional y arbitraria, agregó que la nota sobre la expropiación de terrenos en Campeche es tendenciosa.
La Fiscalía también acusa a Moreno de haber adquirido al menos 13 terrenos en Lomas del Castillo entre 2012 y 2015, cuando era diputado federal, sin haberlos declarado a su nombre y bajo supuestas irregularidades. Con información de La Silla Rota.
