Noticias Pirámide, Cancún.- Un grupo de 65 extrabajadores temporales del Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Quintana Roo (Icat) denunció públicamente que fueron objeto de un presunto fraude por parte del Gobierno del Estado, vía el citado organismo.

Documentos en mano, los presuntos afectados mostraron que les facturaron el triple de los honorarios acordados, que a la fecha no les han despositado. Detrás de esta operación habría un desvío de recursos por 1.3 millones de pesos.

En conferencia de prensa, Gustavo Adolfo Caballero García, presidente de la asociación «Que hable Quintana Roo», expuso que fueron contratados de manera temporal en noviembre pasado y hasta la fecha no les han pagado.

En su momento, firmaron contratos temporales para impartir programas de capacitación y en diciembre les hicieron llegar un comprobante donde les informaban que el 31 de diciembre pasado les iban a pagar por sus servicios.

El pago acordado, subrayó, eran 10 mil 276.20 pesos por capacitador; no obstante, en el recibo aparece triplicada la cantidad, al figurar como por 31 mil 353.67 pesos.

En el comprobante fiscal que mostraron, en la categoría de percepción figura el pago acordado, como “sueldo sin descuento”, pero dos veces, gravado y exento, con lo que lo elevan a 20 mil pesos. Además se añade un pago extra por “sueldo docentes”, con lo que se tiene un cobro total de 31 mil 353 pesos.

Multiplicado por los 65 trabajadores, resulta que, en lugar del pago acordado de 667 mil pesos, la dependencia facturó por este servicio 2 millones 37 mil pesos, lo que significa un presunto desvío de 1.3 millones de pesos.

«Ni nos han pagado y no solo mienten al elevar una cifra, sino que nos meten en un problema ante Hacienda, que nos requerirá impuestos sobre neto, que es de 31 mil pesos», expresó Caballero García.

Comentó que ya acudieron a levantar una queja ante el Portal Anticorrupción, así como promovieron otra inconformidad en el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado. Sin embargo, ni en Chetumal ni Cancún les dan respuesta.

Noticias Pirámide, Bacalar.- El desarrollo y crecimiento del naciente municipio de Bacalar no se detiene.

Así lo expresó Alexander Zetina Aguiluz durante el banderazo de inicio de obra de pavimentación de calles en la comunidad de Miguel Hidalgo en el estuvo acompañado de regidores y personal del municipio.

La ciudad como las comunidades están siendo atendidas en los rubros de infraestructura y campo. Las familias del municipio abrigan con esperanza un porvenir más seguro.

Con acciones concretas seguimos avanzado. Durante el banderazo los habitantes reconocieron y agradecieron estar siendo atendidos en sus calles.

Recorrió junto con ellos la comunidad porque no solo se pavimentarán calles sino se aperturaran otras ante el crecimiento del poblado. Así también a invitación de los productores recorrió un camino que conduce a sus parcelas para que sea atendido.

De los 120 amparos interpuestos contra Aguakan, por cobrar cada mes el servicio pese a que fue suspendido a igual número de familias, en dos casos ya fue reconectado el servicio y en tres meses, podría generarse jurisprudencia que impida la concesionaria que continúe facturando y generando deudas a los clientes pese a que no reciben agua en sus viviendas.

Esquivel Cruz González, Secretario de Movimientos Sociales por el PRD,  informó que las primeras dos reconexiones de este año se lograron en las viviendas de familias ubicadas en la región 228 que tenían un adeudo de 16 mil pesos y en otro domicilio ubicado en la región 259 que tenían también un adeudo de ocho mil pesos, reconoció que en ambos casos tuvieron que pagar pero no la cantidad total que exigía la concesionaria.

Adicionalmente, en cinco casos, los jueces revocaron los cobros ilegales que realiza actualmente Aguakán, porque aunque corta el servicio de agua cuando existe retraso en el pago de la mensualidad, mes a mes continúa llegando en el recibo un cobro mínimo.

Por eso, señaló calcula que en un plazo de tres meses, después de analizar estos casos, se podría generar jurisprudencia para que no se den más casos de cobros ilegales de Aguakan.

Aunado a que a más tardar el 10 de marzo presentará al Congreso del Estado, la iniciativa de ley para regular la prestación del servicio de agua potable, que incluiría a la concesionaria Aguakan como a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado debido a que ambas prestan el servicio a la población en el estado.

De entre las novedades que contempla es un cobro mínimo de facturación de cien pesos mensuales y fija como una cantidad mínima de agua que cada familia debe recibir de 15 metros cúbicos.

El periódico nacional Excélsior publica un reportaje sobre las irregularidades en las cuentas públicas 2016, donde la Auditoría Superior detectó un posible fraude por 968 millones 887 mil pesos por abusos en el esquema de subcontrataciones. En una de ellas, figura la Universidad Politécnica de Quintana Roo donde era rector José Luis Pech Galera, hijo de coordinador estatal de Morena, José Luis Pech, fue rector.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que empresas paraestatales de entidades federativas, incluso dependencias federales, replicaron el fraude en el que incurrieron algunas universidades públicas, que Excélsior dio a conocer hace un año.

En este modelo, las secretarías u organismos oficiales contratan instituciones educativas por un bien o servicio, con lo que eluden su obligación de licitar, pero luego, para cumplir, las universidades subcontratan a terceros que no pueden dar constancia de los servicios realizados.

En la auditoría a la Cuenta Pública 2016 la ASF detectó que este modus operandi propició un daño a la Hacienda Pública Federal por 968 millones 887 mil pesos.

Las contrataciones entre dependencias y entidades públicas se dan en un ambiente de “excesiva discrecionalidad que propicia condiciones para la comisión de irregularidades, ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas”, indicó.

Ponen lupa

• En la Cuenta Pública 2016 la ASF detectó manejos irregulares por 114,250 mdp.
• De esta cifra falta recuperar o aclarar el destino de 104, 242 mdp, 91.2% del total.
• Hizo 1,865 auditorías y 4,439 recomendaciones.

Replican modelo de universidades

Detecta la Auditoría Superior posible fraude por 968 millones 887 mil pesos en entidades gubernamentales.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que empresas paraestatales de entidades federativas, incluso dependencias federales replicaron el esquema de fraude e irregularidades en el que incurrieron algunas universidades públicas. Tras las auditorías a la Cuenta Pública 2016 se detectó que este modus operandi propició un posible daño a la Hacienda Pública Federal por al menos 968 millones 887 mil pesos.

Derivado de las auditorías a la Cuenta Pública 2016, la ASF detectó que hay abuso en las contrataciones entre dependencias y entidades públicas en un ambiente de “excesiva discrecionalidad que propicia condiciones para la comisión de irregularidades, ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas”.

Esta práctica propicia el desvío de recursos públicos, afecta la imagen de gestión gubernamental y a final de cuentas no se tiene evidencia de que se entregan los bienes y servicios contratados.

La ASF presentó 12 auditorías a la Cuenta Pública 2016 que replican este modelo de corrupción, entre ellas una que la llevó a solicitar la revisión de objetivos y atribuciones del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural), al advertir que no cumple con los propósitos para los que fue creado.

Destacó que el INCA Rural signó varios contratos con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Querétaro, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, pero carecía de capacidad técnica para prestar directamente los servicios requeridos.

“Como consecuencia de lo anterior, INCA Rural subcontrató a universidades públicas, personas físicas, organismos internacionales y organizaciones civiles (estas últimas fungen como beneficiarias de los programas gestionados por el instituto). Dichas instancias subcontrataron a proveedores dado que no contaban con la capacidad técnica para prestar los servicios a INCA Rural”, precisa.

Esa misma problemática se detectó en la auditoría practicada al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en relación con la adquisición de materiales y suministros para planteles educativos.

“En este caso, el Conafe contrató al Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México y a Diconsa, quienes no contaban con las capacidades requeridas y, por lo tanto, subcontrataron el 100%  de los bienes y servicios solicitados”.

Se identificaron subcontrataciones, bajo las mismas condiciones, en las adquisiciones realizadas entre la Sagarpa y la Universidad Autónoma de Chapingo; entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Universidad Autónoma de Zacatecas; también entre la Universidad Politécnica de Chiapas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Asimismo, entre la Universidad Mexiquense del Bicentenario y la Sedatu; entre la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y la Conapesca; entre la Universidad Tecnológica de Salamanca, la Sagarpa, Pronósticos para la Asistencia Pública, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, Conagua y la Comisión Federal de Electricidad; entre el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y la Sedatu; entre la Universidad Politécnica de Quintana Roo y la Sedatu, y entre Televisora de Hermosillo y la Sedatu.

Excélsior dio a conocer en febrero de 2017 que la ASF detectó un modus operandi de corrupción en la que incurren las universidades públicas. Tan sólo en el 2015, cuatro instituciones educativas de nivel superior propiciaron un posible daño al erario por 831 millones 141 mil 905.60 pesos.

El modus operandi consiste en simular contratos, incluso dependencias federales otorgan contratos a instituciones educativas que no cuentan con la capacidad técnica ni humana para llevar a cabo las labores acordadas o a empresas inexistentes.

Por otro lado, la ASF dijo  que hizo siete auditorías forenses a universidades, es decir, aquellas que practica para la investigación y documentación de un presunto delito.

Por ejemplo, se detectó un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por 90 millones 014,790.05 pesos correspondiente al importe en exceso pagado por la Sedatu a la Universidad Tecnológica de Campeche, de los cuales se realizaron pagos injustificados a 11 empresas por 79 millones 49,784.01 pesos, sin que se tenga evidencia de que hayan otorgado los bienes o servicios.

Información: Excélsior

Noticias Pirámide, Cancún.- Una iniciativa del regidor de Encuentro Social, Gregorio Sánchez Martínez, para prohibir la venta de alcohol en tiendas de conveniencia, fue rechazada hoy por regidores de la Comisión de Reglamentación Municipal.

La propuesta fue hecha el mismo día y descartada después de una hora de discusión, únicamente con el respaldo de los perredistas Antonio Meckler Aguilera y Blanca Pech y Fernández.

En entrevista posterior, Meckler Aguilera aseguró que sus compañeros concejales priorizaron el ingreso económico de esta venta por sobre la violencia familiar, que se agudiza en los fines de semana.

“El domingo es un día familiar, la violencia los domingos es una violencia familiar, lo que incrementa es la violencia en la familia, los golpes con las mamás y con los hijos, entonces con ese argumento, una decisión era prohibir la venta de alcohol”, explicó.

El perredista aseveró que bajar los índices de violencia está por encima del negocio de la venta de alcohol.

Noticias Pirámide, Cozumel.- Ex titulares del extinto Instituto de Fomento a la Vivienda (Infovir) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), además de ex funcionarios públicos y estatales están involucrado en el despojo de más de 100 terrenos que estaban asignados para habitantes de colonias irregulares, por lo que la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) ya alista denuncias penales y proceso administrativos para recuperarlos.

Carlos González Pacheco-Vázquez, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Territorial Sustentable (Sedetus; sucesora de la Seduvi), indicó que son varios los ex funcionarios públicos que se asignaron terrenos en colonias irregulares, lo que ya fue informado al Secoes, con el fin que les finquen responsabilidades jurídicas y penales.

En entrevista, el funcionario estatal señaló que ya se encabeza las mesas de trabajo, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) y el Ayuntamiento de Cozumel, para recopilar la información con el fion de regularizar colonias y predios.

El objetivo es que estas familias consigan regularizar su situación, comprando estos predios a un precio accesible, con el fin que instancias de gobierno puedan ofrecerles servicios básicos.

“Este año tiene que ser el año de la acción, pues el ejercicio anterior fue el de la organización”, explicó González Pacheco-Vázquez.

El titular de la Sedetus, Carlos Ríos Castellanos, también ha sostenido reuniones con dependencias federales, a fin de gestionar lo que haga falta para atender este problema; mencionó entre las dependencias visitadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), a fin de gestionar la reubicación de personas que esperan desde hace varios años al predio Gaviotas, por ejemplo.

En el primer semestre se tendrán que percibir los trabajos de estos proyectos, aclaró el subsecretario quien agregó que la dependencia trabaja en coordinación con dos o tres empresas privadas, de las cuales buscan que los precios y financiamientos para los beneficiarios sean los adecuados.

Con información Agencia SIM

Noticias Pirámide, Cancún.- Por no pagar sus permisos y derechos desde febrero de 2017, inspectores de Fiscalización procedieron esta tarde a clausurar el Casino Red que opera dentro del hotel Grand Oasis.

A su arribo los inspectores solicitaron ingresar al casino, acción que les fue negada por guardias de seguridad privada.

Incluso, se reportó que hubo forcejeo y empujones hacia los empleados del ayuntamiento, situación que finalmente se controló y no pasó a mayores.

Por parte de la cadena por el momento no hay ningún comunicado.

El Casino Red es sede de peleas de boxeo de corte internacional que organiza una promotora local.

Con información Agencia SIM

Noticias Pirámide, Chetumal.- Por seguridad de los propios internos, los traslados a centros penitenciarios, inclusive de alta seguridad, continuarán.

Sobre todo por el cierre de tres cárceles que no cumplían con las condiciones mínimas para reinserción social, afirmó el secretario de Gobierno, Francisco López Mena.

Estas son las de Isla Mujeres, José María Morelos y Lázaro Cárdenas.

“En mejorar las condiciones de quienes están purgando penas, las condiciones de los que fueron cerrados no eran ni remotamente las indispensables”, explicó.

Reconoció que existen grupos al interior de las cárceles que se resisten pero advirtió no habrá tolerancia.

“En la medida en que convengan van a continuar sabemos hay quienes se resisten a ello pero no es un asunto menor sino la necesidad de poner a quienes implican por sus condiciones altos riesgos, en Ceresos de alta seguridad”, apuntó.

En breve serán trasladados a las cárceles de Chetumal y Playa del Carmen, los internos de las cárceles cerradas.

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Pallares Bueno, dijo no tener prisa para que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) defina a su candidato para la presidencia municipal en Benito Juárez.
Manifestó que, dentro de la alianza, si el PRD opta por José Luis “Chanito” Toledo Medina, independientemente de su pasado, Acción Nacional respaldará la decisión y la apoyará.
“Si el PRD lo avala con sus razonamientos lo respetaremos y trabajaremos con gran esfuerzo y ahínco”, dijo. Esto, a raíz de que el PRD tiene la facultad de nombrar al candidato en Benito Juárez, en el marco de la alianza; en tanto al PAN, le tocó hacerlo en la capital del estado, Othón P. Blanco, donde su candidato será Fernando Zelaya.

Acataremos la decisión y mejor solución

Expuso que la coalición “Por Quintana Roo al Frente” se encuentra fuerte y sin problemas entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
Insistió que el PAN no tiene prisa para que el “sol azteca” defina su candidato en Benito Juárez.
“Respetamos al PRD, entendemos y comprendemos sus procedimientos, acataremos la decisión que a ellos corresponda. Sabemos lo difícil y complicado que es el municipio de Benito Juárez pero siempre encontraremos la mejor solución para llegar a un triunfo contundente”, afirmó.

Noticias Pirámide, Chetumal.- Las piezas del corredor escultórico podrían ser reubicadas en una nueva área donde serían exhibidas como atractivo cultural y turístico, pero sobretodo, evitar sean vandalizadas.

Se trata de 20 figuras metálicas representativas de la ciudad que fueron donadas por artistas plásticos de diferentes partes del mundo. Actualmente, muchas de ellas han sido destruidas parcialmente o han sufrido un deterioro natural.

Ante  este panorama, la director del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo (ICA), Jacqueline Estrada Peña, afirmó que desde el inició de la presente administración se dieron a la tarea de rescatar estas obras de arte y por lo cual para este año podrían reubicarse.

Dijo que de igual forma, la estatua en honor al cantante jamaicano, Bob Marley, cambiará de lugar debido a que en varias ocasiones ha sido maltratada.

Para estas acciones se requiere de alrededor de tres millones de pesos, cantidad que incluye la restauración y adecuación del nuevo espacio que albergaría a todas las obras de arte.

La prensa nacional consigna hoy que la ex Secretaria de Desarrollo Social de la Federación, Rosario Robles, habría desviado más de mil 300 millones de pesos, entre ellos, al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, que justamente hoy festeja su 33 aniversario.

“Estamos indignados porque en esa época se hicieron recortes de sueldo de hasta 30 por ciento, y no teníamos ni para papel de baños”, dijo una de las empleadas que fue consultada por Grupo Pirámide.

La Auditoria Superior de la Federación detectó supuestos desvíos por 1,311 millones de pesos (mdp) de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante las gestiones de Rosario Robles, reportó este martes el periódico Reforma.

Parte de los supuestos recursos desviados a través de empresas fantasmas fue transferido a Monex y a Ci Banco, de donde se dispersó a cuentas de otros países, de acuerdo con tres auditorías forenses a los recursos ejercidos en 2014 y 2015 citadas por el diario.

Contratos

Los desvíos hechos en la Sedesol se realizaron mediante la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, con la cual firmó convenio y contratos en septiembre de 2014, así como en enero y febrero de 2015. En el caso de Sedatu, se firmaron convenios con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en julio, septiembre y octubre de 2015.

La Sedesol y la Sedatu firmaron convenios con estas entidades para eludir los requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, indica la ASF.

Rosario Robles encabezó la Sedesol de diciembre de 2012 al 27 de agosto de 2015, fecha en la que tomó la titularidad de la Sedatu.

Este martes, la ASF presentará su tercer informe sobre la revisión que se hizo a la Cuenta Pública de 2016.

Los informes surgen de las 1,780 auditorías que se programaron desde enero de 2017, cuyos resultados se planearon para darse a conocer en tres etapas: la primera en junio, la segunda en octubre y la tercera este mes. Después de las primeras dos fases, la ASF concluyó que había irregularidades que dejaban un monto acumulado de 50,568 mdp pendientes de aclarar.

Noticias Pirámide, Chetumal.-El diputado Fernando Levín Zelaya Espinoza presentó este martes una iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana para incluir el Presupuesto Participativo, Cabildo Abierto y Consulta Vecinal dentro de las alternativas para que los ciudadanos decidan el rumbo de su municipio.

En ella se plantea elevar a rango Constitucional el derecho de los quintanarroenses de votar el presupuesto participativo, y adicionalmente reconoce los mecanismos del cabildo abierto y la consulta vecinal.

En entrevista, el legislador estableció que,  “los ciudadanos quieren saber las razones por las que se decide ejercer el presupuesto específicamente de esa forma y no de otra; desea ser escuchada y ser coparticipe sobre el rumbo a tomar en torno a su comunidad en una multiplicidad de asuntos, y con esta reforma los ayuntamientos estarán obligados a gobernar los municipios de la mano de la gente”.

Zelaya Espinoza consideró que la actual Ley de Participación Ciudadana de Quintana Roo es obsoleta y aunque ya existe una iniciativa para abrogarla, la propuesta ingresada este martes pretende ampliar los mecanismos de participación desde la esfera municipal, que es la institución que recibe de primera mano las demandas ciudadanas.

Asimismo, agregó que es de suma importancia que estos mecanismos de participación sean transparentes y democráticos, por lo que el cuerpo de la iniciativa presentada, establece de manera puntual los procedimientos que la autoridad habrá de seguir para su desarrollo.

Sobre la figura del Presupuesto participativo, Zelaya Espinoza detalló que será el instrumento mediante el cual se definirá el destino de un monto de los recursos públicos, para lo cual los Ayuntamientos proyectarán anualmente en su presupuesto, una partida para obra pública de gasto no etiquetado, para que sea determinado por los ciudadanos domiciliados en su territorio, en los términos que establezca la Ley.

Mediante la Consulta Vecinal, los ciudadanos podrán emitir su opinión respecto a propuestas de solución a problemas colectivos del lugar donde residen, sin que dicha opinión resulte vinculatoria para la autoridad competente, por lo que constituirá́ un elemento de juicio para el ejercicio de las funciones de gobierno correspondientes.

Por último, precisó que con el Cabildo Abierto, los ciudadanos, a través de representantes de asociaciones vecinales debidamente registradas, tendrían el derecho a presentar propuestas o solicitudes, en sesiones ordinarias del  Ayuntamiento.