Por Ignacio Alonso Velasco 

Las viejas y obsoletas estructuras y capacidad del municipio no son eficaces para hacer frente al desbordamiento demográfico que provocó el fenómeno inédito de la conurbación. Era necesario que surgieran nuevos cauces de administración de servicios, por medio del fortalecimiento del municipio y de la interactuación municipal (Vallarta, 2004).

En la dimensión regional de la expansión metropolitana nos encontramos con la coexistencia de formas de habitación extremadamente pobres, junto a imponentes residencias con equipamiento urbano completo, lo que marca una diferenciación social importante. Esto conlleva a prácticas de segregación residencial que podría considerarse como una muestra de la incapacidad de los grupos sociales a integrarse como comunidad en el territorio que comparten.

Las autoridades locales de las zonas metropolitanas se enfrentan a este entre otros retos y están concentrando sus esfuerzos en dos objetivos principales: la construcción de un entorno económico fuerte y competitivo y la mejora del bienestar de sus pobladores mediante la prestación de servicios.

Los cambios demográficos y la expansión de áreas urbanas ocasionan que las autoridades enfrenten asuntos que sobrepasan sus límites geográficos. La atracción de grandes empresas con sedes en distintas zonas suburbanas se consigue más fácilmente cuando existe una integración institucional a nivel del área metropolitana o región urbana, porque así se reducen los costes de implantación.

Nunca ha sido fácil crear estructuras institucionales metropolitanas para dar un tratamiento unitario a cuestiones que, por su naturaleza supramunicipal, requieren un gobierno y una planificación a esta escala territorial.

Tradicionalmente los municipios han tenido un papel político y cultural estratégico, a pesar de haber demostrado debilidad institucional y financiera. Desde inicios del presente siglo, los municipios de las zonas metropolitanas mexicanas concentran el 65% de la población total del país y casi el 80% del producto interno bruto del país.

En México, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano distingue diferentes tipos de asentamientos humanos que puede haber, en un orden creciente, desde un centro de población, pasando por una conurbación, hasta una zona metropolitana y una megalópolis.

El desarrollo intermunicipal que proponen las autoridades federales mexicanas pasa por establecer nuevos organismos de cooperación metropolitana y por fortalecer los ya existentes. Estas iniciativas son incipientes y es necesario impulsar acuerdos metropolitanos institucionales de administración y gestión en las 92 zonas metropolitanas del país. El problema que se suscita en México es que existe una normatividad en cada uno de los tres órdenes de gobierno y que las leyes, planes y programas no necesariamente están coordinados y negociados y, a veces, son contradictorios entre sí (Sobrino et al. 2015).

Superar esta fragmentación normativa no es solo un imperativo técnico, sino una condición política indispensable para que la cooperación intermunicipal deje de ser un discurso aspiracional y se convierta en una palanca efectiva de desarrollo territorial.