• Diputados del Grupo Plural del Congreso del Estado platicaron en Debate Directo sobre la creación de una Comisión Transitoria Especial para analizar el tema del agua potable en la zona norte de Quintana Roo.

Debate Directo

Primeramente, el diputado Julián Ricalde Magaña dijo que el asunto de Aguakan es un tema que todos los días lesiona los intereses de la gente y del Estado, lo que en términos jurídicos se llama de tracto sucesivo.

Explicó que Aguakán surge en 1993 cuando se hace una concesión en el gobierno de Mario Villanueva Madrid, «desde el día uno hubo problemas porque la empresa no entiende que debe tener responsabilidad social como cualquier otra empresa, debe tener la sensibilidad que se pierde cuando el Estado delega esa responsabilidad a una empresa, porque en una empresa privada sus fines son de lucro, es decir tienen que tener una ganancia».

Añadió que las quejas son constantes e innumerables en cuanto a la calidad, presión y disponibilidad del agua, en los cuatro municipios de la zona norte donde opera Aguakan: Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

«En Quintana Roo es la única empresa a la que delegaron un crédito fiscal, que te puede perseguir por la vía judicial, embargarte y quitarte tu casa, cortarte el servicio del agua que eso está prohibido hasta por la Constitución, porque no lo puedes tratar como un acto de compraventa, es un derecho humano. Cuando ya iba a vencerse, hacen una renovación de la concesión en el gobierno de Roberto Borge», recordó.

Sin embargo, dijo que el motivo de la creación de una Comisión Transitoria Especial es definir una ruta de solución a este problema: «de un año a la fecha, todos empezaron a tirarse la responsabilidad, tan es así que llega una acción ciudadana a una comisión que, después del análisis del Congreso, nos sugería que desecháramos por improcedencia, por no tener competencia y el compañero Hugo Alday, Cinthya Millán y un servidor nos opusimos, porque somos el único poder que representa a la gente, somos el mandato popular representativo de los habitantes que viven en Quintana Roo».

Indicó que uno de los argumentos de administraciones anteriores es que no se puede hacer nada por la vía legal, pero «el convenio dice que en caso de incumplimiento podrá rescindirse el contrato con Aguakan. Sí hay elementos, si hay la forma a través de los recursos, el de lesividad, porque una empresa que no cumple se tiene que ir. Aguakan se asoció en los últimos años con una empresa bursátil y ahora tiene dos negocios, el negocio especulativo bursátil en función de la concesión y el negocio del agua potable».

Al respecto, el legislador Hugo Alday Nieto coincidió en que el problema sigue siendo el mismo, mal servicio o no hay servicio, Aguakan no cumple su función por la que nació: «tenemos un fundamento constitucional que no podemos obviar: toda persona tiene derecho al saneamiento, disposición y a tener agua y el Estado la tiene que proveer».

Y agregó: «el verdadero responsable son el regidor, el presidente municipal y el diputado que firmaron las prórrogas. Solidaridad ni siquiera tenía contrato de concesión y lo prorrogaron, cuando tu Bando de Policía y Buen Gobierno te dice que está prohibido concesionar el agua y el alcantarillado».

Ricardo Velazco resaltó que el tema de Aguakan es añejo y no se le ha dado una solución verdadera, además de que no actúa como empresa socialmente responsable: «Si haces una calle, al rato viene Aguakan y la destruye, no tiene una planeación emparejada con las obras de los municipios en los que opera».

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