De acuerdo al pedido de juicio político, la magistrada Verónica Acacio Trujillo es juez y parte en un juicio de divorcio que involucra a dos menores de edad.
Cancún, Quintana Roo.- Días atrás fue presentado ante el Congreso del Estado de Quintana Roo un pedido de juicio político en contra de la magistrada Verónica Gloria Acacio Trujillo.
El expediente señala presuntas violaciones a la Constitución Política del Estado, en su artículo 100, que prohíbe a cualquier servidor público desempeñar, al mismo tiempo, otro empleo, cargo o comisión diversa del cargo asignado en el Poder.
La promovente de este juicio político es Catalina Castro Meneses, quien en entrevista pública, sostuvo que cuenta con las pruebas suficientes para acreditar la ilegal intervención de la Acacio, en el juicio de divorcio 148/2022 del Juzgado Segundo Oral Familiar, con Sergio León Cervantes, quien hasta enero de este año, fuera Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
Dentro de las pruebas contundentes aportadas en el juicio político, está el hecho que León Cervantes señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida Contoy, lote 54, manzana 02, supermanzana 19 de la ciudad de Cancún, un domicilio del que la Magistrada Verónica Acacio es propietaria, y del que se sabe es desde hace muchos años, el conocido despacho particular de esta autoridad judicial, y esto se acredita con el certificado de gravamen número 551887.
Castro Meneses argumenta que, debido al tráfico de influencias que existe en el Poder Judicial, le fueron arrebatados sus hijos de 4 y 10 años, además se ser despojada de su hogar, pese a que existe una denuncia de violencia familiar contra el ex presidente de Coparmex, donde se demuestran los golpes, insultos y vejaciones sufridas.
La denunciante argumentó que de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, el artículo 160, en su párrafo segundo fracción I, incisos c) y e), se estipula que el Juicio Político es la única forma de proceder en contra de un servidor público como un magistrado/a, razón por la cual, y según ella, fue pertinente accionar este juicio, el que por cierto ya fue debidamente ratificado el pasado día 26 de mayo, tal y como lo marca la ley en la materia.
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Actualmente, la servidora pública Verónica Acacio, se encuentra en espera de su ratificación al segundo periodo como de magistrada, del cual, y según los expertos en derecho, ya no es apta para ocupar el cargo, pues ya no reúne los requisitos que exige el artículo 101, específicamente la fracción IV, de la Constitución Política del Estado
La abogada Araceli Andrade Tolama, abogada de Castro Meneses, dice que se encuentra a la espera la respuesta del Congreso del Estado, del cual, depende la aplicación de las sanciones que correspondan en contra de la citada magistrada.
Las acciones que hoy salen a la luz, “representan no solo un quebranto del actuar de la magistrada, sino que representan el quebranto de toda una Institución como lo es el Poder Judicial y un quebranto al Estado de Derecho, pues ponen en duda las actuaciones del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado, situación que se sabe escalará hasta las mañaneras ante el Presidente de la Republica y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
