Por Ignacio Alonso Velasco
En 2024, nueve de los once presidentes municipales de Quintana Roo buscaron la reelección y ocho lo consiguieron. El dato parece hablar de confianza ciudadana. Pero hay historias detrás de esas cifras que obligan a mirar con mayor cuidado.
Hay cifras que parecen hablar por sí solas. En las elecciones municipales de 2024 en Quintana Roo, nueve de los once presidentes municipales en funciones decidieron buscar la reelección. De ellos, ocho lo consiguieron. Traducido al lenguaje de las estadísticas: el 81.8 % de quienes ocupaban las presidencias municipales intentó continuar en el cargo y el 72.7 % del total terminó siendo reelegido. Entre quienes decidieron competir nuevamente, la tasa de éxito fue cercana al 89 %. ¿Significa esto que los quintanarroenses estaban encantados con sus gobiernos municipales? No necesariamente, pero sí significa algo que durante mucho tiempo fue difícil imaginar en México: la reelección municipal había dejado de ser una excepción para convertirse en una posibilidad real de continuidad política. Y aquí comienza la verdadera historia.
La reforma constitucional de 2014 no permitió la reelección para que los políticos simplemente permanecieran en sus cargos. La idea era mucho más interesante: que fueran los ciudadanos quienes decidieran si un gobierno merecía continuar. Era una especie de contrato democrático. “Si hiciste bien tu trabajo, te vuelvo a contratar”. “Si lo hiciste mal, te vas”. Sencillo, ¿no? Pues no tanto.
Los resultados de 2024 muestran que la mayoría de quienes buscaron la continuidad consiguió obtenerla. Pero también revelan que detrás de la reelección hubo estrategias partidistas, cambios de coalición y algunos casos que ponen en entredicho los límites que originalmente establecía la Constitución. Dos casos llaman especialmente la atención. José Alfredo Contreras Méndez, en Bacalar, y Teresa Atenea Gómez Ricalde, en Isla Mujeres, lograron reelegirse después de haber llegado originalmente a la presidencia municipal mediante la coalición PRI-PAN-PRD y posteriormente competir bajo la coalición de Morena-PVEM-PT. Aquí aparece una pregunta inevitable: ¿Se reeligió el gobernante o se reacomodó el partido? Porque una cosa es que un ciudadano cambie de preferencia política y otra que las estructuras partidistas cambien de camiseta para conservar posiciones.
La reelección fue concebida para fortalecer la rendición de cuentas frente al ciudadano. Pero cuando las coaliciones se modifican y los políticos encuentran nuevas plataformas para competir, resulta legítimo preguntarse cuánto pesa realmente el respaldo ciudadano y cuánto pesan las estrategias de los partidos. Y entonces aparece Solidaridad. Ahí ocurrió exactamente lo contrario.
Roxana Lilí Campos Miranda buscó la reelección, pero perdió. Y no fue un hecho aislado. Sus dos antecesoras inmediatas habían vivido la misma situación: Cristina Torres Torres no consiguió reelegirse en 2018 y Laura Beristain Navarrete tampoco consiguió continuar en 2021.
En otras palabras, tres presidentas municipales consecutivas buscaron quedarse y tres fueron derrotadas en las urnas. Solidaridad ofrece, así, una de las mejores demostraciones de que la reelección no significaba permanencia automática. Los ciudadanos tenían la última palabra.
Y eso, desde mi perspectiva, es precisamente lo más interesante de la figura de la reelección.
Durante años se habló de ella como si fuera necesariamente sinónimo de perpetuación en el poder. Pero la experiencia quintanarroense demuestra que no tiene por qué ser así. Una presidencia municipal puede intentar reelegirse y perder. Puede tener todo el aparato institucional a su disposición y no convencer a los electores. Puede haber gobernado tres años y descubrir, el día de la elección, que los ciudadanos tienen una opinión diferente de la que esperaba. Eso es democracia. El problema surge cuando la reelección comienza a confundirse con permanencia.
El caso de Yensunni Idalia Martínez Hernández, en Othón P. Blanco, resulta particularmente ilustrativo. De acuerdo con los datos analizados, acumuló tres periodos consecutivos formando parte del ayuntamiento: primero como síndico y posteriormente como presidenta municipal en dos ocasiones consecutivas. Esta situación contraviene el espíritu y la letra del artículo 115 constitucional. Y aquí tenemos que detenernos. Porque si la reelección pretendía que un presidente municipal pudiera pedir nuevamente el voto para el mismo cargo, ¿en qué momento deja de ser reelección y comienza a convertirse en una forma de permanencia política? La pregunta no es menor.
Tampoco lo es el hecho de que, en 2024, solamente dos presidentes municipales decidieran no buscar la reelección: los casos de Lázaro Cárdenas y Cozumel estuvieron relacionados con decisiones de renovación partidista y no necesariamente con una falta de voluntad de los propios alcaldes para continuar. Es decir, incluso la decisión de competir o no competir no siempre parece depender exclusivamente del gobernante. Los partidos también juegan. Y mucho.
Por eso quizá hemos estado haciendo la pregunta equivocada. No deberíamos preguntarnos solamente cuántos presidentes municipales se reeligieron. Deberíamos preguntar: ¿Por qué se reeligieron? ¿Porque gobernaron bien? ¿Porque cumplieron sus promesas? ¿Porque concluyeron obras y mejoraron servicios? ¿Porque los ciudadanos valoraron positivamente su desempeño? ¿O porque tenían detrás una estructura partidista suficientemente poderosa para garantizarles la candidatura y después movilizar los votos necesarios?
Las cifras electorales no pueden responder por sí solas a todas esas preguntas, pero sí pueden abrir una discusión que resulta especialmente pertinente ahora que la reelección municipal tiene los días contados. México decidió en 2025 eliminar la posibilidad de la reelección inmediata. Y quizá lo estamos haciendo justo cuando comenzábamos a tener información suficiente para evaluar sus efectos. Quintana Roo constituye un laboratorio particularmente interesante.
En 2024, ocho de los nueve presidentes municipales que buscaron continuar lo consiguieron. Pero Solidaridad demuestra que el elector también podía decir “no”. Bacalar e Isla Mujeres muestran que los cambios de coalición pueden acompañar una estrategia de continuidad. Y Othón P. Blanco plantea la pregunta sobre dónde termina la reelección y dónde comienza la permanencia. Por eso no deberíamos reducir todo este debate a una defensa o una condena de la reelección. La cuestión de fondo es otra. ¿Queremos gobiernos que continúen porque han dado resultados o políticos que continúen porque han sabido conservar el poder? No es lo mismo.
La primera opción fortalece la democracia. La segunda la debilita. Y quizá esa sea la verdadera lección que nos deja el proceso electoral municipal de 2024 en Quintana Roo. La reelección nunca debió ser un premio para los políticos. Debió ser una oportunidad para que los ciudadanos premiaran —o castigaran— a sus gobernantes. La pregunta es si durante estos años fuimos capaces de distinguir una cosa de la otra. Porque, al final, reelegir a alguien no debería significar decirle: “Quédate porque tienes el poder”. Debería significar: “Quédate porque nosotros, los ciudadanos, consideramos que hiciste bien tu trabajo”. Y entre ambas frases existe toda la diferencia entre la permanencia política y la democracia.
