El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHQROO), Marco Antonio Toh Euán, rindió su cuarto informe de actividades en el que indicó que emitieron un total de 100 recomendaciones a las autoridades, destacando la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y el municipio de Benito Juárez.
Estas recomendaciones obedecen a los siguientes motivos:
- Derecho de acceso a la justicia
- Derecho a la integridad personal
- Detención Arbitraria
- Principio interés superior de la niñez
- Derecho a la libertad de expresión
- Derecho a la salud
- Violación al derecho a la mujer a una vida libre de violencia
«Quien ocupe un cargo público tiene que desempeñarlo con un enfoque global de derechos humanos que, además de no discriminar a ningún sector, ahonde en las causas, razones y motivos que originan los obstáculos para poder disfrutar sus derechos», expresó Toh Euán.
Dijo también que el enfoque de derechos no sólo fortalece el derecho fundamental de acceso a la justicia, sino que también favorece a quienes han sido de sus derechos y reivindiquen su derecho fundamental a una reparación del daño integral.
Además, mencionó que, la función primordial de diálogo interinstitucional como mediador por excelencia, coloca a la Comisión de Derechos Humanos como un dispositivo primordial para el ejercicio democrático pues permite y acerca al Estado con su población.
Añadió que, de los 11,242 expedientes de queja de los últimos 6 años, solo 5.3% de éstos, con más de 6 meses de antigüedad, permanece en trámite.
En materia de capacitación, la CDHQROO capacitó a 222 mil personas, lo que equivale a 1 de cada 8 personas en la entidad; en cuanto a consultoría participó en la retroalimentación de 13 iniciativas de ley en el Congreso del Estado y en protección jurídica recibió 6,640 quejas y atendió el equivalente a 4.5 quejas diarias en todo el Estado.
Finalmente, dijo que las violaciones a los derechos humanos existe y por ello se requiere contar con gente preparada y defensora que pueda hacer frente a las mismas: el bullying homofóbico en comunidades escolares; el mobbing laboral, los feminicidios; la falta de acceso a la justicia, la doble moral con nuestros pueblos indígenas, por mencionar algunas que deben ser erradicadas dotando de mecanismos internos más efectivos que los sancionen.
«Que una autoridad señalada como responsable acepte una recomendación emitida por el sistema ombudsperson y que la cumpla, significa que el Estado Mexicano camina y ejerce su función burocrática-administrativa con estricto apego a los derechos humanos. Esta aceptación no debe estar sujeta al arbitrio ni capricho de quien representa una institución. Tenemos que cumplir con los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar establecidos en nuestra Carta Magna», concluyó.
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