Por Jaguar Negro
Muchos se preguntan por los orígenes de la crisis de Tulum, sin mirar quiénes están en puestos claves para la administración que, aseguran, se cae a pedazos.
Después de las elecciones pasadas, la familia Miranda Miranda, con los hermanos Antonio y Lorenzo a la cabeza, se agenciaron nada menos que la Tesorería y Desarrollo Urbano, respectivamente.
El primero salió duramente cuestionado por la presunta desaparición de 23 millones de pesos, ademas de la gestoría para múltiples negocios que le permitieron amasar una fortuna que se traduce en propiedades en Mérida y el propio Tulum.
El segundo es responsable de gran parte del caos inmobiliario, con permisos de dudosísima calidad con los que varias empresas han construido sin tener Manifestación de Impacto Ambiental.
Está ahí desde la época de Marciano Dzul Caamal y nadie lo ha tocado. No sólo es apoderado de esa importante área de desarrollo, sino que ha mantenido al titular de Catastro, su segundo de abordo, Raziel Ek Cruz, parte fundamental del equipo Miranda Mirada, quien se quedó no sólo con la coordinación del Partido Verde en el municipio, sino que logró que su esposa, Lizbeth García Morales, sea nombrada como presidenta del DIF. Carro completo, como dirían en el PRI.
Tanto los Miranda Mirada como Ek Cruz forman parte de la carpeta de investigación con folio 8144/2022 que diera a conocer Grupo Pirámide en varios reportajes, por el despojo de 179 hectáreas a un adulto mayor, cuya investigación duerme en la Fiscalía General de Quintana Roo «el sueño de los justos».
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Las tierras acabaron en manos de los mismos funcionarios y hasta regidores de la administración anterior, cuando Diego Castañón era tesorero. En cuestión de días la propiedad fue subdividida y traspasada con papeles más falsos que billete de dos mil pesos.
Así está conformado el primer círculo del alcalde que pide a los ciudadanos ir a la playa con “nada”. Y dos familias, “todo”.
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