Chetumal, Quintana Roo.- Adrián Armando Pacheco Salazar, quien participó en la elección pasada por una magistratura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, demandó la nulidad de la totalidad de la elección del Poder Judicial local debido a la disposición de votar por listas en lugar de personas.
Además, también impugnó ante la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la reciente resolución del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) por la cual se declaró que su presidente, Sergio Avilés Demeneghi, está impedido para resolver los procesos contra los comicios porque su esposa y su hermana son candidatas electas, según una nota del portal Cambio 22.
El aspirante a magistrado cuestionó al Teqroo por no haber incluido la orden de dar vista al Ministerio Público de probables actos delictivos cometidos por Sergio Avilés Demeneghi, porque meses atrás resolvió la disposición de que en Quintana Roo la ciudadanía votara por lista completa en lugar de candidatos en lo individual, al modificar las boletas, pese al conflicto de interés que esto significaba, ya que está medida favoreció a su esposa, Rosalba Maribel Guevara Romero, y su hermana, Deyliana Avilés Demeneghi, quienes eran candidatas a juezas en materia civil y familiar en las listas de los tres poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Por ello, acusó a Avilés Demeneghi de haber cometido delitos de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias contemplado en el Código Penal del Estado, previsto en sus artículos 208 y 209, respectivamente.
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La nota del portal detalla que la impugnación afirma que las magistradas Thalía Hernández Robledo y Claudia Ávila Graham, así como la magistrada en funciones Maogany Acopa Contreras, tienen la obligación de denunciar ante el Ministerio Público los hechos probablemente constitutivos de delitos de que tuvieran conocimiento, pero omitieron hacerlo en el acuerdo que declaró impedido a Avilés Demeneghi.
Además, el excandidato impugnó que para esa sesión se le dio cargo de secretaria general de Acuerdos en funciones a Anaid Barbosa González, una funcionaria del Teqroo que no cumple el requisito de tener título y cédula de licenciada en Derecho con 5 años de antigüedad, como exige la Ley Electoral del Estado, y al haber realizado la función cometió el delito de ejercicio ilícito de servicio público.
Por ello, también pidió a la Sala Xalapa del TEPJF modificar el acto impugnado, para que, además de declarar fundado el impedimento de Sergio Avilés Demeneghi, se ordene dar vista al Ministerio público por la posible comisión de hechos constitutivos de delitos, derivado del actuar del magistrado presidente del Teqroo, y dar vista al Ministerio Público por la comisión de hechos constitutivos de delitos, derivado del actuar de la servidora pública Anaid Barbosa González.
