Durante más de tres años, Mónika, ciudadana Checa, asegura enfrentar no solo un proceso familiar desgastante. Sino también un sistema institucional que, según denuncia, la ha dejado sola en la defensa de sus derechos y los de sus hijos.
Lo que comenzó como una disputa legal por la custodia terminó convirtiéndose en una batalla marcada por retrasos, audiencias suspendidas, omisiones y promesas incumplidas por parte de distintas autoridades.
A través de un testimonio difundido en un video públicamente, Mónika relató que la situación inició cuando el padre de sus hijos presuntamente se los llevó hace más de tres años y medio. Desde entonces, asegura haber acudido a la policía, fiscalías y juzgados sin obtener respuestas rápidas ni soluciones definitivas.
“Tuve que hacer ruido públicamente para que me escucharan”, sostiene.
Le pidieron sumas millonarias
Según su denuncia, incluso la activación de mecanismos oficiales como la Alerta Amber no avanzó con la rapidez esperada. Además, le pidieron entregar grandes cantidades de dinero para recuperar a sus hijos, situación que calificó como absurda y alarmante.
Aunque actualmente los menores permanecen con ella, Mónika señala que continúan enfrentando restricciones legales que les impiden salir de Cancún desde hace más de un año, medida que, dice, nunca le fue explicada claramente.
“Están en una cárcel que se llama Cancún”, expresó al cuestionar por qué las limitaciones recayeron sobre ella y sus hijos, pese a que no fue quien los sustrajo.
Lentitud en procedimientos judiciales
La madre también denunció lentitud en los procedimientos judiciales. Explicó que lleva más de dos años esperando la asignación de un perito traductor y que incluso renunció a ese derecho para intentar acelerar las audiencias, sin resultados concretos.
En paralelo, señala que existe un proceso penal por violencia familiar que acumula alrededor de quince audiencias diferidas en casi dos años.
Otro de los puntos que denuncia es la reducción de la pensión alimenticia. De acuerdo con su versión, inicialmente la juez le fijó un monto de 28 mil pesos quincenales. Sin embargo, posteriormente quedó reducido a 5 mil pesos quincenales, situación que continúa impugnando.
Las fotos y los eventos
Mónika asegura que en noviembre de 2025 expuso su caso durante una audiencia pública encabezada por autoridades estatales y le prometieron seguimiento y apoyo. No obstante, sostiene que hasta ahora no ha recibido soluciones.
“Muchas veces el sistema parece estar para las fotos y los eventos. Pero no para acompañar procesos largos e injustos”, declaró.
Más allá de su caso personal, la extranjera asegura que decidió hablar públicamente porque considera que muchas madres atraviesan situaciones similares: mujeres que sostienen solas a sus familias mientras enfrentan procesos judiciales lentos y desgastantes.
“No busco privilegios ni trato especial; sólo busco justicia y que las autoridades hagan lo que les corresponde”, afirmó.
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