
Ante la red de explotación y trata de menores de edad detectado en Playa del Carmen hace dos semanas, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, señala que este caso puso en evidencia el traslado de personas hacia al estado con dichos fines y que se ha denunciado por varios años. Y solicita se pongan en marcha los mecanismos de reparación que existen en la ley.
Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo, explica que la ciudadanía continuamente ha señalado este tipo de casos en las calles de los destinos turísticos. Pero no se investigan esas redes de explotación y trata, que «aprovechando la presencia de visitantes buscan ganancias más redituables usando a menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad».
Albergues y fondos para las víctimas
Al ser rescatados los menores, existen mecanismos para el tratamiento y recuperación de los afectados, como el Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, del que dijo «se desconoce actualmente si cuenta con recursos y un sistema operativo».
Así como refugios. Ya que el artículo 9 de dicha ley, indica que corresponde al gobierno del estado: VI. Crear refugios y albergues para los víctimas, víctimas indirectas y testigos de los delitos que la Ley General define como del fuero común, o en su caso, apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para la creación y operación de los mismos, hasta su total recuperación.
En este sentido, Rosa María Márquez, presidenta de la Red por la Equidad y los Derechos Humanos Quintana Roo, dijo que se sabe que la red de tráfico y explotación no sólo está en los destinos turísticos sino también en el sur, en la zona cañera.
Sipinna, Ceaveqroo y CDHEQROO deben intervenir
Y en este tema deben trabajar varias instancias tanto federales como estatales, tal es el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y su par, nacional; así como el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Consideró que se debe revisar si la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo debe intervenir y reparar el daño en forma económica a las niñas, niños y adolescentes que eran explotados en Playa del Carmen y si cuenta con recursos suficientes.
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