La ciudadanía nunca supo de la eliminación de candados que dejaba el campo libre para el continuismo de uno de los actuales diputados.
No sólo violaron la Ley de servidores públicos del Estado, sino la Ley Federal de Administración, en claro beneficio propio.
Este Congreso ya había intentado perpetuarse modificando la ley hasta por 12 años en una de las legislaturas más improductivas y caras, según el Instituto Mexicano para la Competitividad AC (Imco).
Por Luciano Núñez
“No sé distinguir entre besos y raíces / No sé distinguir lo complicado de lo simple / Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar”, dice el clásico de Enrique Búnbury. Y pareciera que los diputados de Quintana Roo no pueden (no saben o no quieren) distinguir su función más elemental: legislar a favor de sus representados y no de ellos mismos. ¿Por qué? Primero porque no es ético y tampoco legal.
Servidores públicos
Para empezar los diputados son servidores públicos de acuerdo al 108 Constitucional y, además, está en la Constitución de Quintana Roo, en el Artículo 160: “se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular a los miembros del Poder Judicial del Estado, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo del Estado, el Poder Judicial o en la Administración Pública Estatal o Municipal…quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.
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Violaciones a la Ley Federal
Hasta ahí está claro que son servidores públicos. La ley general de responsabilidades administrativas federal vigente, en su artículo 7, incisos II y III, suscribe que los servidores públicos deben conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización…Y aclara que es su responsabilidad es, “satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas, por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población”.
También la Ley de responsabilidades de los servidores públicos de Quintana Roo, refiere en el artículo 47, inciso XIV. “Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, parientes civiles o por afinidad y/o consanguíneos hasta el cuarto grado, e incluso, para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
La estrategia legal
Ahora bien. La Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos publicada en diciembre de 2017 decía que para ser titular de la Comisión, estaban impedidos diputados locales (por ser juez y parte, dado que ellos mismos proponen y votan), senadores y presidentes municipales, entre otros, que además quedó en el Decreto 140 que todavía puede leerse en el portal del Congreso de Quintana Roo.
Oculta tras tecnicismos de género estaba la eliminación de candados
Lo que hicieron los diputados actuales fue eliminar dichos candados para beneficio no sólo de uno de los propios diputados, sino de todos. Es decir, en contra de la normativa local y federal en un claro y evidente conflicto de interés para dar paso al continuismo. Con el agravante de que, una de las dos diputadas que promovió dicho cambio sería la beneficiaria directa de esta modificación, Judith Rodríguez Villanueva, quien junto a la hoy alcaldesa de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, ocultaron estas modificaciones bajo una maraña de tecnicismos de género.
En la nueva ley de Derechos Humanos nunca queda especificado por qué se eliminaron dichos candados, que puede leerse en el Decreto 131, que contó con 19 votos a favor. Claro está, los votos a favor de los bloques legislativos de las promoventes y de la vasta mayoría de Morena. Estos cambios nunca fueron dados a conocer públicamente, salvo la parte que distraía el verdadero trasfondo. Y por si fallara el Plan A, hay Plan B: también fue registrado el ex esposo de la diputada Rodríguez Villanueva, César Paniagua Cervera, que se encuadra en las restricciones del conflicto de conflicto de interés, aun así, ésta legislatura dejó que pasara todos los filtros.
Violenta principios de autonomía de la Ley original
Además del beneficio propio, la actual legislatura eliminó la autonomía e independencia que debe tener el órgano, esencial para el estado, como se ha dicho, fundado esto en que casi el 50 por ciento de las agresiones a la sociedad civil y periodistas provienen del mal uso del poder e influencias del sector político.
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Falso empoderamiento
Los legisladores de Quintana Roo no sólo legislaron para beneficio propio, sino que con alevosía ocultaron el verdadero sentido de las modificaciones a la ley, esto, bajo un manto de falso empoderamiento a las mujeres, a quienes negaron reiteradamente la aprobación de la despenalización del aborto.
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No es el único antecedente oscuro de esta legislatura. Anteriormente quisieron legislar para extenderse hasta 12 años en el poder y con beneficios inmediatos. Vale para ello un ejemplo del Congreso de la Unión: cuando se aprobó la reelección fue con la salvedad de que beneficiaría a la siguiente legislatura, dado que es ilegal legislar para beneficio propio; no como lo hacen nuestros actuales representantes, que parece no saben distinguir lo complicado de lo simple. “Y ahora están en la lista de Congresos a olvidar…”.
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* Es técnico en Periodismo y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. Postgrado de Opinión Pública por FLACSO y diplomado de géneros periodísticos en La Salle, Cancún.
Trabajó en medios de comunicación de Argentina y México y publicó los libros Voces que Vuelven y Tan Lejos y Otra Vez en Casa.
Fue director de Comunicación Social en Benito Juárez, Cancún y Solidaridad, Playa del Carmen.
Actualmente es director general de Grupo Pirámide y Vértice.
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