El Observatorio Legislativo de Quintana Roo precisó que más allá de que exista deuda pública de corto plazo y que no esté registrada ante la Secretaría de Hacienda, existe deuda y aunque la maquillen debe cumplirse su pago. Ya sea con participaciones federales o bien, con recursos propios.
«Si tú contraes una obligación ante una entidad financiera, finalmente es una deuda. El que no la tengas que registrarla ante Hacienda como una obligación porque hay algún pequeño subterfugio, de que si es menor a cierto plazo, no la tienes que registrar. O porque no la tienes que garantizar con una partida federal, entonces no es deuda, no; es sólo un manejo de la información», aseguró Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo.
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Deuda es deuda
Insistió en que si cualquier persona contrae una deuda con una tarjeta de crédito y se excede, y para pagarla busca ayuda económica con un vecino. Aunque esta deuda adicional no aparezca en los registros del banco. En algún momento debe pagar dicho préstamo y de algún lado tiene qué sacar dinero para pagarlo.
Actualmente la deuda pública de Quintana Roo asciende a poco más de 20 mil millones de pesos, que fue contraída principalmente en las administraciones de Félix González Canto y Roberto Borge Ángulo.
85% de ingresos provienen de las participaciones federales
«El gran riesgo que tiene el estado, es que el 85% de sus ingresos son participaciones federales. Y el 15% son ingresos propios y están, como dicen, en el lomo del venado. Por ejemplo, el gobierno proyecta el ingreso de 700 millones de pesos por el cobro de un nuevo impuesto de 10 dólares a los turistas extranjeros a partir de abril. Pues no los puedes considerar como un ingreso seguro, es un supuesto», dijo.
Un impuesto similar fue planteado en Los Cabos. Para 2020 el gobierno pretendía un ingreso 420 MDP, pero como no tuvieron la manera de realizar el cobro. Sólo ingresaron dos millones de pesos. Y no pudo aplicar los recursos para diferentes acciones.
Falta más transparencia
También indicó que se desconoce si existe y a cuánto asciende la deuda con contratistas y proveedores. Por lo que considera necesario que se transparenten todos esos datos desde el Congreso del Estado, que es finalmente quien autoriza al Gobierno del Estado contratar créditos, ya sea de corto o largo plazo.
«Esta es precisamente una de las funciones que tiene qué tener el Congreso del Estado. En la fase de supervisión y el uso del gasto público, cuando se revisa la cuenta pública, es precisamente lo que debería analizar la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública. No sólo lo que tiene en deuda en bancos, fideicomisos sino con proveedores, cómo está, en qué plazos, en qué condiciones se hicieron esos contratos, que sobreprecios existen», señaló.
¿Y si no hay ingresos por peaje?
También recomendó que exista una vigilancia ciudadana en este uso de los recursos públicos. Porque en el proyecto del puente Nichupté en Cancún, aunque el Gobierno aclaró que no habrá deuda, porque la obra será pagada con los ingresos que se generen por el peaje o uso del puente. Si no hay ingresos, sí se convertirá en deuda porque deberá pagar de alguna manera la inversión en la obra.
