Cancún, Quintana Roo.- Si bien las pruebas históricas y cartográficas demuestran que Quintana Roo tiene razón en el conflicto limítrofe que sostiene con Yucatán y Campeche, el conflicto no debe pasar por los juzgados, sino por la mesa de conciliación y asociación, consideró Ignacio Alonso Velasco, autor del libro Conflicto de límites territoriales en la Península de Yucatán.
En la presentación de su libro, el especialista en Derecho refirió que a principios de siglo XX, Manuel Medina, jefe del Departamento de Geodesia de la Dirección de Asuntos Geográficos y Climatológicos, adscrita a la Secretaría de Agricultura y Fomento, y uno de los mejores especialistas del país en la materia, realizó dictámenes para verificar dónde estaba el vértice del Punto Put para determinar las fronteras entre Quintana Roo, Campeche y Yucatán.
“Acompañado de asesores técnicos de Yucatán, Campeche y Q Roo, quienes dieron fe de que sus trabajos fueron correctos (…) Tras muchos cálculos, determinó que ese era el Punto Put, en la mojonera actual, con el acuerdo de los tres estados y sus respectivas legislaturas emitieron sus respectivos decretos avalando las coordenadas del punto Put. Entonces, ¿por qué si se resolvió hace un siglo, seguimos hablando del tema? Pues porque décadas después, tanto Yucatán como Campeche desconocieron esos acuerdos”, explicó.
Incluso, el especialista descartó que la solución al problema limítrofe -tan antiguo como la creación del territorio federal, en 1902- entre los tres estados tampoco pasa por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues sólo ha resuelto una controversia territorial, entre Oaxaca y Chiapas, que generó descontento, pues las comunidades protestaron contra la resolución debido a que ellos estaban dispuestos a seguir siendo chiapanecos y no oaxaqueños, como se dictaminó.
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“Por lo tanto, parece que la solución no se ve por que un juez diga dónde empieza o termina un territorio. Creo que lo mejor sería sentarse a negociar”, señaló.
En cambio, Alonso Velasco propuso buscar una negociación entre estados y municipios involucrados para llegar al “asociacionismo municipal».
“Es una figura que permite un mayor grado de corresponsabilidad,integración , distribución de competencias, con plenitud de facultades del gob muni entre sus asociados, realizando un pacto local horizontal, con la suficiente autoridad para llevar a cabo una gestión y operación mucho más eficaz”.
Señaló que, entre las ventajas de esta asociación, se encuentran una mayor cobertura a servicios, se reducen impactos ambientales al haber coordinación y cooperación y unión con acciones colectivas para resolver problemas.
El especialista consideró que esto es urgente, pues los 60 mil habitantes de los 10 mil kilómetros cuadrados que están en disputa, carecen de servicios básicos, como la escasez del agua, drenaje, pavimentación, entre otros.
Tampoco se aprovechan los vastos recursos naturales, que pueden ser aprovechados para actividades agrícolas o para la explotación de maderas como la caoba o de productos como el chicle , así como la conservación de 30 kilómetros de selva y de dos áreas protegidas.
