La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha radicado una acción de inconstitucionalidad clave contra la Ley Orgánica del Poder Judicial de Quintana Roo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó esta impugnación, señalando que la reforma benefició directamente a Heyden Cebada Rivas, presidente del Poder Judicial local, quien a pesar de no participar en la pasada elección judicial continúa en el cargo, generando un conflicto constitucional profundo.
El reclamo central de la CNDH se dirige contra los artículos 27 y 153 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Quintana Roo. La Comisión argumenta que estos artículos fueron creados por legisladores locales en contravención directa a la Constitución mexicana. La Carta Magna establece, de manera explícita, que todos los juzgadores en el país, desde los ministros de la SCJN hasta los jueces locales de primera instancia, deben ser elegidos mediante comicios populares.
La demanda de acción de inconstitucionalidad 100/2025, ya radicada en la Corte, subraya que Heyden Cebada Rivas debió haber sido electo como presidente del órgano judicial por ciudadanos quintanarroenses, y no únicamente por magistrados, como quedó establecido tras la reforma.
Los diputados del Congreso de Quintana Roo elaboraron la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial local en agosto pasado. Esta legislación fue la que, a través de los dos artículos impugnados, benefició directamente al presidente Cebada Rivas.
La reforma tuvo un efecto crucial en su periodo de gestión:
- Heyden Cebada asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Quintana Roo en 2022.
- Originalmente, su puesto estaba propuesto para concluir en 2027.
- Con las reformas introducidas, su cargo fue prolongado hasta el año 2029.
Heyden Cebada Rivas tiene una trayectoria marcada por su cercanía con la esfera política del estado. El funcionario es considerado próximo a la gobernadora morenista Mara Lezama Espinosa.
El vínculo se remonta a los años en que Lezama fue alcaldesa de Cancún. Cebada Rivas fungió como su síndico en el periodo comprendido de 2018 a 2021. Posteriormente, en 2021, fue elegido magistrado local, a pesar de que la información indica que no demostró una carrera judicial previa. Al año siguiente, en 2022, asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
En medio de las dos impugnaciones federales, la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, ha intentado minimizar el alcance del tema.
Este lunes, la funcionaria sostuvo que las contradicciones legales no representan ningún rompimiento entre los Poderes estatales con los federales. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá definir si la Ley Orgánica local cumple con los preceptos constitucionales que exigen la elección popular de los juzgadores.
La pugna entre el gobierno federal, a través de la CNDH y la Consejería Jurídica, y el Poder Judicial de Quintana Roo no es solo una disputa legal sobre tecnicismos, sino una confrontación directa por el control y la autonomía judicial en la entidad. ¿Será la Corte la encargada de desmantelar lo que parece ser un entramado legislativo diseñado para blindar a funcionarios cercanos al poder ejecutivo local, o la autonomía estatal prevalecerá sobre el mandato constitucional de elección popular?. Con información de Caribe Peninsular.
