En la administración de Paul Carrillo de Cáceres (2013-2016), una familia fue despojada de su vivienda, mediante una notificación simulada y en contubernio con la inmobiliaria Adamentine Corporativa. Al revisar el caso, el Juez Segundo de Distrito falló a favor de la familia y los restituyó de sus derechos, aunque aún no le regresan la posesión del inmueble.
Gerardo Vázquez Morales, juez Segundo de Distrito, el 3 de marzo pasado determinó que la notificación hecha por el personal del Ayuntamiento de Benito Juárez en 2015 “no cumple con las reglas y formalidades precisadas en el artículo 111 del Código Fiscal Municipal en el estado de Quintana Roo”.
Precisa que la notificación simulada “es violatorio del derecho fundamental de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, ya que el proceder de la autoridad responsable no se ajustó a las formalidades esenciales del procedimiento, lo que en sí mismo, se considera violatorio a la ley, lo cual produjo que la parte quejosa, no haya tenido oportunidad de conocer el procedimiento instaurado, oponer excepciones y defensas que estimara pertinente (el afectado)”.
Este cobro se originó por adeudo en el predial como el pago a la empresa hipotecaria Adamantine, quienes presuntamente se ponían de acuerdo para notificar simuladamente.
La organización Porque Yo Amo Cancún informó en sus redes sociales que personal de la administración entró al hogar de la familia con armas, rompieron chapas, puertas y “hasta el excusado” para obligarla a salir.
En la cláusula séptima, el juez ordena dejar sin efecto el procedimiento de ejecución 601620101900100010 a partir de la notificación del crédito fiscal determinado en la resolución de cuatro de noviembre de 2015. Aunque la familia está a la espera de que le devuelvan la vivienda que ocupó hasta antes del despojo.
