Cancún, Quintana Roo.- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) advirtió que las obras y proyectos considerados de interés público y seguridad nacional ponen en riesgo el cumplimiento de derechos humanos y principios jurídicos reconocidos en la Constitución, así como en tratados internacionales y ambientales.
El organismo señaló que el acuerdo publicado el pasado lunes 22 de noviembre carece de motivación y fundamentación adecuada, pues no existe facultad constitucional ni jurídica, expresa o implícita, que permita al titular del Poder Ejecutivo Federal -Andrés Manuel López Obrador- generar un estado de excepción al cumplimiento de los derechos humanos y al marco legal constitucional, violando con ello el principio de legalidad.
Por lo que su aplicación «implica ignorar procedimientos, instrumentos y derechos previamente establecidos en el orden jurídico mexicano, entre ellos: el reconocimiento del valor intrínseco de la biodiversidad y los ecosistemas; el derecho a la consulta libre, previa e informada de comunidades y pueblos indígenas y equiparables; el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables», entre otras.
En cuanto a la declaración de seguridad nacional, no exime del cumplimiento de principios constitucionales y derechos humanos, tal como lo establece el artículo 4o de la Ley en materia.
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Asimismo, lo dispuesto por el ejecutivo violenta el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que fue recientemente ratificado por el Estado mexicano.
«Reiteramos nuestra solicitud respetuosa para que dicho Acuerdo sea derogado y para que esta Administración Federal priorice el respeto a los derechos humanos de las personas, particularmente el derecho humano a un medio ambiente sano y los derechos relacionados con éste», cita el comunicado de CEMDA.
