Presentan una denuncia contra cuatro funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo por el delito de tortura. Un caso, plagado de irregularidades, que revela que el operativos contra la trata de personas fue armado y pondrían en tela de juicio a otros operativos similares.
El miércoles, mientras la abogada y activista Fabiola Cortés Miranda daba la conferencia a las afueras de la Fiscalía, tres personas ya habían declarado y estaban por hacer lo mismo otro grupo con tres o cuatro personas más.
Denunciaron a Cinthya Pérez Mérida y Paola Arian Sánchez Sánchez adscritas a la Fiscalía Especializada en combate a delitos de Trata y Explotación de Niñas, niños y adolescentes. Así como al vicefiscal de Investigación Especializada, Sergio Iván Ledezma y al policía ministerial, Mario Isaías Pérez Góngora. Esto quedó asentado en la carpeta número 08/38/2023.
La sanción por tortura es de 10 a 20 años de cárcel y se aplica un 50% extra cuando se detecta que los funcionarios buscan incriminar a personas inocentes. De momento, están pidiendo la separación inmediata de los cuatro funcionarios porque pueden intervenir e influir en la investigación.
Denuncia anónima falsa, el origen
El 31 de octubre de 2023, con más de 30 elementos encapuchados, la Fiscalía llevó a cabo un operativo contra la trata de personas en el bar «La oficina VIP», ubicado en la avenida Talleres de Cancún.
Cortés Miranda relató que este operativo se originó por una denuncia anónima de un mecánico que señaló que había menores de edad trabajando en el bar. En forma posterior, acudió un elemento encubierto, que presuntamente constató los hechos. Y a partir de ahí solicitan y le autorizan la orden de cateo a 15 elementos.
Al llegar, aproximadamente 11.30 P.M., más de 30 encapuchados desconectaron las cámaras de vigilancia, con excepción de una que logró grabar la forma en que ingresó el personal de la Fiscalía así como la salida de 19 mujeres, entre meseras, cajeras, personal administrativo y clientas del lugar.
A algunas las subieron a una Van y a otras a otra camioneta y las mantuvieron ahí por espacio de cuatro horas, no les permitieron acceso a los sanitarios, no les dieron agua y les retiraron sus teléfonos celulares. Para orinar, a algunas les dieron unos toppers y el contenido, lo arrojaron afuera de la camioneta. En consecuencia, a otras sí les permitieron ir al baño. Pero bajo la vigilancia de la fiscal Pérez Mérida y con las puertas abiertas, porque la funcionaria les dijo que eran «unas putas y no debían tener ninguna pena».
Luego, cerca de las 3 AM, las trasladan a la Fiscalía, las separan para rendir su declaración -que únicamente dieron sus datos generales- y sin un abogado presente.
O te tomas la foto o te pongo un kilo de coca!
Además, las hicieron firmar hojas en blanco. Posteriormente, éstas fueron usadas para incriminar a José Antonio Terrones Díaz, su compañero de trabajo, a quien señalaron de obligarlas a prostituirse a cambio de otorgarle el 50% de sus ganancias.
«La denuncia la iniciamos por tortura, se configura por diversos hechos, en específico, porque a ellas las mantuvieron incomunicadas, porque a ellas las obligaron a firmar. Y porque además del trato que les dieron, a todas las dijeron que eran prostitutas, porque tenían que ser prostitutas porque por eso estaban en ese lugar. Y las amenazaron con no dejarlas salir si no se dejaban fotografiarse», afirmó Cortés Miranda.
Las fiscales Pérez Mérida y Sánchez Sánchez las hicieron formarse en grupo para tomarles la foto y cuando alguna de ellas, preguntó qué iba a pasar con las que no lo hicieran, les respondieron: «Te pongo un kilo de coca y de aquí no sales».
Encarcelado tres meses
Además, en este caso otras irregularidades detectadas fueron que: «La oficina VIP» era un bar botanero y no de sexo-servicio. La fiscal Pérez Mérida aseguró que en el operativo, el personal estaba en baby-doll, en tanga y otras con el pecho desnudo. Pero lo que alcanzó a grabar una de las cámaras de circuito cerrado revela que las meseras estaban totalmente vestidas.
Terrones Díaz, era personal administrativo que en ocasiones cubría los puestos faltantes y ese 31 de octubre de 2023, estaba en el bar. Y a pesar de que las víctimas -las meseras- informaron al juez de control que no eran prostitutas, que Terrones no las obligaba a prostituir y que todo fue falso en contra de Terrones. El juez lo vinculó a proceso por trata de personas y permaneció en la cárcel de agosto a noviembre de 2023.
«La carpeta está llena de irregularidades. El informe policial homologado está lleno de irregularidades. Una cuestión muy simple: Una víctima no puede declarar sin asesor jurídico», afirmó.
A través de una apelación Terrones Díaz logró salir y desvirtuar todo el caso, porque comparecieron nuevamente las víctimas y declararon a su favor.
De las 19 meseras detenidas, varias ya se fueron del estado y sólo algunas, con su denuncia, buscan justicia.
La también activista, señaló que hasta ahora se presenta la denuncia por tortura, porque no habían conocido a un abogado que los representara para denunciar a los funcionarios de la fiscalía que participaron en el operativo.
Extinción de dominio público contra dos predios
Derivado del operativo, la Fiscalía inició el juicio para la extinción del dominio público del bar, a fin de quitárselo a los propietarios presuntamente por las actividades ilícitas que ahí se realizaban. Pese a que se demostró que no había trata de personas.
Además de hacer lo mismo contra el botanero «Los compadres», ubicado en la Ruta 5, que no está relacionada con el caso, ya que la propiedad estaba rentada y en el momento del operativo, estaba cerrada porque el arrendatario estaba enfermo de cáncer terminal.
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