El presidente de Red Posithiva de Quintana Roo, Roberto Guzmán señaló que luego de las presiones de varias organizaciones civiles, el gobierno federal comprará medicamentos alternos para surtir a los estados que carecen de antirretrovirales para los pacientes con el virus del Sida, pero no hay estudios científicos que soporten la eficacia del medicamento y podría resultar contraproducente.

“Hace dos o tres días nos reunimos (las organizaciones civiles), vemos que hay muchos intereses políticos y no se ve el beneficio (para los pacientes), Hacienda va a comprar los antirretrovirales, sin estudio, sin un aval de Cofepris (Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios)”, aseguró.

Desde principios de año comenzaron los reclamos por falta de medicamento que brinda el Seguro Popular a las personas que tienen este padecimiento debido a que el gobierno federal presumen actos de corrupción. De acuerdo con reportes nacionales la Comisión Nacional de Derechos Humanos registra del 1 de enero al 6 de mayo un total de 25 quejas por este motivo.

En Quintana Roo, dijo que la Comisión de Derechos Humanos en el estado realizó una visita a los Capacits (Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual) y a la fecha no hay desabasto.

La preocupación es la sustitución del Atripla que se hará por otro medicamento alterno mientras se lanza la licitación nacional en junio o julio próximo para que las farmacéuticas interesadas en abastecer al IMSS, ISSSTE y Pemex y se define a la empresa ganadora, para que abastezca dicho antiretroviral.

Consideró que las presiones que hicieron las organizaciones civiles originaron que se realice la compra de medicamentos alternos, pero señaló que el secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías pretende comprar el medicamento sin estudios médicos que lo avalen y su único objetivo es que sea barato, pero esto no es “como si fuera a comprar telas baratas en Melody”.

Y aseguró que detrás de esta decisión hay intereses políticos en lugar de buscar el beneficio de las personas que tienen el virus del Sida en todo el país; además, indicó que el gobierno federal pretende desaparecer el Censida (Centro Nacional para la prevención y el control del VIH/SIDA), organismo desde el cual las organizaciones civiles obtienen recursos para emprender proyectos para organizar campañas de prevención y difusión sobre el Sida.

El estado, dijo ocupa uno de los primeros lugares en contagio del virus y algunas organizaciones con dichos recursos acuden directamente a “picaderos” a donar jeringas para evitar la transmisión del VIH, o acuden de madrugada a bares a distribuir condones, actividades que no realiza el personal del sector salud.

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