Florian Tudor, acusado de ser el líder de una banda dedicada a la clonación de tarjetas bancarias en la Riviera Maya, aseguró tener pruebas de que Alberto Capella Ibarra y el gobernador Carlos Joaquín son realmente quienes encabezan un grupo de chantaje, sobornos y amenazas contra empresarios, jueces y magistrados en Quintana Roo.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, desmintió que él sea la cabeza de la llamada mafia rumana y señaló que el mandatario estatal es el principal orquestador de la persecución en su contra.
Mencionó tener las pruebas que indican que Capella Ibarra continúa al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, pese a que pidió licencia tras los hechos del 9 de noviembre, cuando elementos del mando único estatal abrieran fuego contra un grupo de manifestantes en Cancún.
"No soy líder de ninguna mafia, ni me dicen el Tiburón, las acusaciones en mi contra son una fantasía" #PorLaMañana #PorLaMañana Florian Tudor, señalado en México y Rumania como líder de un grupo del crimen organizado. https://t.co/YMO0dfO0ss
— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) March 26, 2021
Durante la entrevista reveló tener en su poder una grabación del magistrado Carlos Lima, quien habría recibido órdenes del entonces secretario para liberar a Sandu Lorenzo, para poner fin a su vida y testificar en su contra.
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«Tengo pruebas mucho más graves. Quiero denunciar todo el sistema de corrupción que hay en Quintana Roo y que acaparó todo el sistema de justicia. Hay una orden para asegurar el equipo de Alberto Capella, que durante los tres años que trabajó nunca utilizó un ordenador de la institución, sino uno personal (…) y Carlos Joaquín esconde el computador».
Asimismo, afirmó que ambos funcionarios fueron los responsables de entregar al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la lista de presuntos lavadores de dinero, que incluye al empresario José Gómez -dueño del periódico Quequi- y al diputado José de la Peña.
Teme por su vida
El ciudadano de origen rumano dijo al periodista temer por su vida y la de su familia, ya que además de la persecución de la que han sido blanco, también han sido víctimas de tortura y despojo.
De acuerdo con sus declaraciones, le habrían sido arrebatados el equivalente a 67 millones de pesos en diversas propiedades.
Florian Tudor señaló que las pruebas que recabó contra Capella y Carlos Joaquín ya se encuentran en manos de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública Federal.
