La empresa Desarrollos Hidráulicos Cancún-Aguakan (DHC) aceptaría entregar la concesión del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad, luego de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, respaldara la exigencia del gobierno de Quintana Roo y de la población para recuperar el control del agua en la entidad.
Sin embargo, la compañía, que ha sido objeto de denuncias legales por parte del gobierno estatal, condicionó su salida a recibir “una indemnización justa”, basada en la valuación del mercado.
Aguakan aseguró que desde el inicio de su concesión ha invertido 8,865 millones de pesos en infraestructura, pagado más de 5,824 millones en impuestos federales y aportado 8,736 millones en contraprestaciones a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). También advirtió que su retiro podría afectar a sus inversionistas, entre ellos Afores Sura, Banamex, Principal y Pensionissste, lo que involucra los ahorros de 22.5 millones de trabajadores mexicanos.
Pese a estos argumentos, la presidenta Sheinbaum insistió en que “no se puede hacer negocio con el agua”, postura que ha sido apoyada por la gobernadora Mara Lezama, quien mantiene un litigio con la empresa para revertir la renovación anticipada de la concesión hasta el año 2053.
El escándalo detrás de la concesión
La polémica en torno a Aguakan no es nueva. La extensión de su contrato se concretó en diciembre de 2014, bajo la administración del exgobernador Roberto Borge, actualmente en prisión. La renovación fue aprobada por el Congreso local, los cabildos municipales y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), a cambio de 1,050 millones de pesos, recursos que nunca llegaron a las arcas estatales y cuyo destino sigue sin esclarecerse.
El gobierno de Quintana Roo sostiene que dicha renovación fue ilegal, ya que los funcionarios borgistas carecían de facultades para extender la concesión de manera anticipada.
Tarifas y calidad del servicio, en el centro de la controversia
Uno de los principales reclamos ciudadanos contra Aguakan ha sido el alto costo del servicio y la calidad del agua. Aunque la empresa insiste en que no fija las tarifas, sino que estas son determinadas por el gobierno estatal a través de CAPA, la percepción generalizada es que los cobros son excesivos y el servicio deficiente.
Mientras avanza el proceso legal y financiero para concretar el retiro de la concesionaria, la población de Quintana Roo sigue a la expectativa de cómo se resolverá un conflicto que podría marcar un precedente en la gestión de los recursos hídricos en México.
