En México, en las últimas seis décadas, el consumo de agua por habitante disminuyó alrededor de un 32 por ciento. Y en los siguientes siete años se prevé que baje aún más dicho porcentaje debido a factores ambientales como por el uso del vital líquido para la producción de alimentos.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) preparó un estudio, en el que recomienda invertir en la modernización y conservación de la infraestructura.
Así como evaluar y actualizar la delimitación de los acuíferos -con criterios geofísicos en vez de geopolíticos-, mejorar el monitoreo del uso del agua y desarrollar proyectos climáticos en el sector ganadero y agricultor.
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En 2020, de los 89.6 miles de hectómetros cúbicos de agua concesionada, el 76 por ciento fue destinada para la agricultura, ganadería y acuacultura. Es decir, para la producción de alimentos para consumo humano, forrajes y producción ganadera.
Otro 15 por ciento fue para el abastecimiento doméstico y público urbano (empresas, comercios y servicios que estén conectados a la red).
Un 5 por ciento para la industria autobastecida (agroindustria, comercios y servicios que toman el vital líquido directamente de los cuerpos de agua del país). Y un 4 por ciento, fue a parar a las termoeléctricas (para la producción de energía eléctrica, excluyendo la hidroelectricidad).
«El deterioro y explotación de los cuerpos de agua, sumado al aumento de la población y al incremento de las sequías, provocará que para 2030, la disponibilidad en México descienda por debajo de los 3 mil m3 por habitante al año», precisa el documento del IMCO.
