El Puente Nichupté, una de las obras emblemáticas heredadas del sexenio anterior, se ha convertido en un símbolo de sobrecostos, retrasos e impacto ambiental.
Fue concebido para aliviar el tráfico entre Cancún y la zona hotelera, consta de 12 kilómetros de distancia —de los cuales ocho cruzan la laguna Nichupté— y enfrenta críticas por los daños causados a los manglares y por la amenaza que representará para la biodiversidad una vez que entre en operación, debido al escurrimiento de hidrocarburos y aceites de los vehículos.
La inversión inicial, estimada en junio de 2022 -cuando comenzaron los trabajos- era de 4 mil 800 millones de pesos, el monto a la fecha se ha triplicado hasta alcanzar los 12 mil millones, mientras que la fecha de entrega se ha pospuesto hasta diciembre de 2025.
Este miércoles, durante la mañanera del pueblo, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, reiteró que se mantiene la fecha de entrega del puente en diciembre próximo, ya que registra un 87% de avance.
Ambientalistas y especialistas denuncian que la obra fue ejecutada sin estudios adecuados y con múltiples improvisaciones, incluyendo la construcción de un “puente dentro del puente” al encontrarse con cavernas no previstas.
Además, persisten adeudos con propietarios de transporte acuático contratados para brindar servicio a los trabajadores que edifican el puente .
El proyecto, aún inconcluso, deja en evidencia los cuestionamientos sobre la sustentabilidad y planeación de los megaproyectos impulsados durante la administración de la Cuarta Transformación.
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