El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó ayer a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector de “lavado de dinero” para cárteles de la droga y les prohibió “algunas transferencias de fondos”.
El republicano ha convertido la lucha contra el fentanilo en una prioridad y acusa a México de no hacer lo suficiente para combatirlo, lo que le llevó a imponerle aranceles.
Según Washington, los cárteles del narcotráfico mexicanos fabrican ilegalmente ese opioide sintético con precursores procedentes de China, el cual dejó casi 50 mil muertes por sobredosis en 2024 en EU.
En este contexto, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) llevó a cabo una investigación que concluye que las tres instituciones financieras mexicanas estarían implicadas en lavado de dinero de la droga, explicó el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Se trata de CIBanco e Intercam, dos bancos comerciales, y Vector, una casa de bolsa fundada por el empresario Alfonso Romo, quien fuera parte del gabinete del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como jefe de la Oficina de Presidencia, y fungiera como su enlace con el sector privado.
En la casa de bolsa, que ha dado servicio a gobiernos estatales y municipales, también laboró en algún momento el actual secretario de Hacienda, Edgar Amador.
Washington denunció a esas firmas financieras de haber desempeñado un papel “vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos” necesarios para producir fentanilo.
Vector fue acusada de facilitar el lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa y del Golfo, incluyendo un millón de dólares en pagos por precursores químicos de fentanilo.
Los funcionarios del Tesoro también dijeron que Vector fue utilizada por el Cártel de Sinaloa para enviar sobornos al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien fue sentenciado a más de 38 años de prisión por un tribunal de Nueva York en octubre por los cargos. Estimaron que las transacciones superaron 40 millones de dólares.
Estos señalamientos prohíben a las tres instituciones facilitar envíos de fondos, pero no son sanciones económicas como las de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro. Con información de El Universal.
