El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reveló la existencia de una Junta de Autoridades, que desde Los Pinos y con la participación del presidente, del secretario de Gobernación, de las altas autoridades militares, policiacas, de la PGR y el Cisen, construyó la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, con la que pretendían cerrar la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas.
Encinas Rodríguez refirió que le hicieron llegar a Zerón de Lucio —se encuentra en Israel, prófugo de la justicia— un cuestionario de al menos 100 preguntas y, a través de su abogado, regresó las respuestas “en donde nos señala que la verdad histórica fue una construcción desde el Gobierno federal, a partir de lo que él denominó la junta de autoridades”.
En dicho encuentro, que tuvo lugar el 7 y 8 de octubre del 2014, participaron el expresidente Enrique Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, además de los secretarios de Marina y Sedena, así como el titular de PGR, el jefe de la Oficina de la Presidencia, y los titulares del antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
“Tenemos las minutas de esas reuniones del 7 y 8 de octubre de 2014; ésta es la Junta de Autoridades donde se creó la verdad histórica”, afirmó.
En el informe presentado por el funcionario aparece en el organigrama de reuniones Omar García Harfuch, que en ese momento fungía como integrante en la División de Gendarmería de la Policía Federal y no como coordinador estatal de Guerrero, como el mismo exsecretario de Seguridad capitalino ha precisado.
Alejandro Encinas ratificó que Omar García Harfuch sí formó parte de dicha Junta de Autoridades y que, de hecho, su nombre está contenido en los dos informes que ha presentado la Covaj.
“Sí está, cómo no, así de concreto”, dijo, y refirió una imagen del informe en el que el hoy aspirante de Morena a la candidatura para Jefe de Gobierno aparece en un organigrama de los encuentros en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, como Omar “N”, y el entonces gobernador de ese estado, Ángel Aguirre, como Ángel “N”, quienes más tarde negaron su participación en la construcción de la verdad histórica.
Agregó que quienes participaron en la construcción de dicha narrativa en el sexenio anterior “manipularon y ocultaron evidencias y pruebas, crearon escenas del crimen, obtuvieron declaraciones bajo tortura, protegieron a funcionarios que participaron en los hechos y mintieron a los familiares de las víctimas y a la sociedad”.
En un mensaje de proximidad con los padres de los normalistas desaparecidos, el subsecretario Encinas aseguró que el diálogo con ellos “no está roto”, e incluso dijo que apenas se volvieron a reunir este miércoles para analizar la información, además de que aseguró que, por orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se seguirán buscando archivos y testigos que ayuden a llegar a la verdad en el caso y a dar con el paradero de los estudiantes.
Explicó que se han atendido las peticiones de los padres, como investigar a los elementos militares, los 87 millones de registros telefónicos, al igual que la detención de policías municipales y los análisis del tema del trasiego de la droga como móvil de la agresión.
En este tema, detalló que se pueden acreditar, además, con diversas fuentes, la existencia de elementos suficientes sobre los vínculos entre algunos militares y la organización delictiva Guerreros Unidos.
Señaló que no existe ninguna prueba o evidencia de que hubiera algún vínculo de los estudiantes con ese grupo delincuencial o con cualquier otro grupo que opera en la región.
Reconoció que tampoco existe evidencia de que los 43 estudiantes estuvieron juntos después de la salida de la central de autobuses de Iguala, ya que fueron divididos los autobuses en los que iban, la víspera de su desaparición.
“También podemos acreditar cómo el grupo delictivo operó la desaparición de los estudiantes con al menos tres células delictivas en distintas zonas de Iguala, con el apoyo de diversas autoridades federales, estatales y municipales”, explicó.
Enfatizó que existen tres hipótesis en la desaparición de los estudiantes: confusión en Guerreros Unidos por la supuesta infiltración de Los Rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa —aunque después señaló que tal infiltración no ocurrió—, como un escarmiento o venganza contra los estudiantes por parte del presidente municipal de Iguala de entonces, José Luis Abarca, y la tercera causal, el eventual trasiego de drogas y la presencia de armas o dinero en algunos de los autobuses tomados por los normalistas.
El titular de la Covaj comentó que, en todo momento, las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la escuela normal Isidro Burgos hasta su desaparición.
También lanzó una crítica frontal en contra de mandos militares que, dijo, no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin, quien se encontraba infiltrado dentro del grupo de los estudiantes, puesto que nunca se aplicó el protocolo de búsqueda de militares desaparecidos, lo que implica una omisión grave “no solamente contra Julio César Patolzin, sino contra toda la tropa que realiza actividades de esta naturaleza y actividades en el campo. También hay que defender a la tropa”, ya que siempre son los olvidados en ese tipo de acciones, remarcó.
Señaló que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la instrucción de boicotear el acto de la presidenta del DIF municipal.
Encinas ratificó que hasta hoy se han localizado e identificado los restos de tres de los 43 estudiantes (Christian Alonso Telumbre, Jhosivani Guerrero y Alexander Mora), y aclaró que no hay indicios que nos permitan suponer que los estudiantes se encuentran con vida y que, por el contrario, “todas las declaraciones, testimonios y evidencias indican que fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
Con este contexto, aclaró que la nueva narrativa que denunciaron los padres de los 43, “en nada se parece a la verdad histórica”, debido a que la construcción de la nueva investigación tiene al menos 30 testigos y no sólo uno, como han denunciado.
Al preguntarle si tiene temor de terminar como el exprocurador Jesús Murillo Karam —recluido como responsable de la construcción de la “verdad histórica”—, mencionó no tenerlo, ya que realiza su trabajo. “Yo no tengo miedo, yo cumplo mi trabajo”, expresó.
Indicó que faltan por concretar 51 órdenes de aprehensión y adelantó que se garantizará el trabajo, en caso de que no logren encontrar a los jóvenes normalistas en lo que resta del sexenio. Con información de La Razón.
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