La reciente clausura del desarrollo Cataluña en el municipio de Benito Juárez puso en evidencia el grave problema de los desarrollos inmobiliarios ilegales que proliferan en la zona norte de Quintana Roo.
Organizaciones como Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y OnceporCuatro denunciaron que estas construcciones no solo violan normas ambientales y urbanísticas, sino que constituyen delitos contemplados en el Código Penal.
Exigieron a las autoridades municipales y estatales asumir su responsabilidad para impedir desmontes, rellenado de predios y construcciones irregulares, así como emprender procesos legales y demoliciones ejemplares.
Activistas como Antonella Vázquez, representante de DMAS, señalaron que debe emprenderse una fuerte campaña de sensibilización para que la ciudadanía no compre en desarrollos ilegales y sepa que tanto vender como comercializar estos terrenos constituye un delito.
«Yo creo que si en verdad las autoridades quieren frenar estos delitos, tienen que empezar a demoler y tienen que empezar a emitir órdenes fuertes, no solamente al desarrollador con clausuras, que luego parece que la ciudadanía tiene que dar seguimiento y confirmar que se respetan, sino que con clausuras que lleguen a procesos en donde se reconozca el delito», afirmó.
Asimismo, enfatizó que los funcionarios públicos que omiten vigilancia y no ejecutan fianzas también incurren en responsabilidades legales.
La exigencia ciudadana es clara: frenar la impunidad, fortalecer la supervisión y proteger el entorno urbano y ambiental de Benito Juárez. Por eso, dijo hace unos meses presentaron cuatro iniciativas ciudadanas ante el Congreso para que en los 11 municipios, la construcción ilegal de desarrollos inmobiliarios no se permita.
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