En la construcción de una cafetería en el Congreso del Estado, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo observa varias inconsistencias, que podrían constituir desde una responsabilidad administrativa y hasta penal en contra de quienes autorizaron el proyecto.
Detalla esta organización que la autorización de la obra, iniciada en junio pasado, está fuera de sus facultades. Como lo señala el Artículo 75 de la Constitución Política de Quintana Roo y que son únicamente legislar, expedir leyes reglamentarias y ejercer las facultades explícitas, principalmente en materia educativa.
Tampoco tiene permitido otorgar una concesión para construir una cafetería a un particular de un bien de dominio público, como es la Plaza Cívica.
La obra no está en el Presupuesto
Además, los recursos autorizados para la construcción no están dentro del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2024.
«El proyecto debió aprobarse por la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), el cual es el órgano de Gobierno y administrativo facultado para hacerlo. Así lo establece su propia Ley Orgánica», precisa el presidente del Observatorio, Eduardo Galaviz Ibarra.
Por todo lo anterior, el artículo 160 señala que los legisladores y toda persona que desempeñe un empleo, un cargo o comisión en el Poder Legislativo, el Poder Judicial o en la Administración Pública Estatal o Municipal, entre otros, «serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, y por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública».
Mientras que el Código de Ética del Congreso añade en su artículo 10 que no podrán «utilizar los recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los asignados«.
Así como tampoco está permitido «disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar las normas a las que se encuentran afectos y destinarlos a fines distintos al servicio público».
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