El presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra advirtió que el Congreso del Estado y el Poder Judicial tendrán que emprender una serie de reformas y ajustes legales si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirma el proyecto de resolución sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la reforma judicial local.
Entre las principales medidas destacan modificar la Constitución estatal, eliminar la prórroga de magistraturas hasta 2033, derogar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y adecuar el calendario para que todas las magistraturas pendientes sean renovadas mediante voto popular a más tardar en 2028.
Debe dejar de invadir funciones
El organismo privado también concluyó que el Poder Judicial deberá dejar de ejercer facultades que corresponden exclusivamente al Órgano de Administración Judicial. Como la definición de la conformación, competencia, residencia y adscripción de salas y juzgados.
Además, señaló que dichas atribuciones deberán ser transferidas al nuevo órgano administrativo o, de manera provisional, al Consejo de la Judicatura durante el periodo de transición.
En su análisis, el Observatorio destacó que el proyecto de sentencia de la Corte busca impedir que la legislación estatal modifique el modelo de democratización judicial establecido en la Constitución federal.
Corregir algunas irregularidades
También considera inválidos los mecanismos que pretendían excluir a la Magistratura para Adolescentes del voto popular, permitir que el Tribunal Superior de Justicia definiera discrecionalmente la duración de algunos cargos y mantener nombramientos de magistrados más allá de los plazos previstos por la reforma federal.
El Observatorio recordó que las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Esto debido a que considera que las reformas aprobadas por la XVIII Legislatura excedieron las facultades del Congreso local.
En ese contexto, sostuvo que la resolución que emita la Suprema Corte el próximo 6 de julio marcará el rumbo de la reorganización del Poder Judicial de Quintana Roo y obligará al estado a armonizar su legislación con el marco constitucional federal.
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