Este martes fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Política Nacional para el Manejo Sustentable de Mares y Costas de México (PNMSMCM), un instrumento que reconoce la gravedad del deterioro marino en el Golfo de México y el Mar Caribe.
Así como la magnitud de los recursos financieros necesarios para revertir esta tendencia. El documento advierte que la contaminación marina ha intensificado los efectos de la sobrepesca, el crecimiento urbano costero y la actividad agrícola, comprometiendo ecosistemas estratégicos y la seguridad alimentaria.
La política subraya que el Mar Caribe, particularmente el Caribe mexicano que impacta directamente a Quintana Roo, enfrenta una disminución sin precedentes de sus arrecifes de coral debido al cambio climático, presiones humanas y enfermedades infecciosas.
Un estudio global identifica que 39 por ciento de los arrecifes mexicanos está en riesgo, con Quintana Roo entre las zonas más amenazadas.
Desde 2018, se ha documentado una alta mortalidad coralina en el norte del Caribe mexicano, lo que ha obligado a gobiernos y organizaciones civiles a implementar planes de acción y cooperación regional en el Gran Caribe.
El documento reconoce que la pérdida de cobertura coralina tendrá impactos ecológicos, sociales y económicos significativos, por lo que plantea la necesidad de evaluaciones periódicas de la salud de los arrecifes, mayor impulso a la investigación científica y ajustes en las estrategias de manejo.
Recursos insuficientes
Aunque México cuenta con Áreas Naturales Protegidas y sitios Ramsar que incluyen arrecifes coralinos, la política admite que los recursos actuales son insuficientes frente a la magnitud del deterioro.
En materia financiera, la Política Nacional para el Manejo Sustentable de Mares y Costas de México admite una brecha crítica de financiamiento.
Datos oficiales indican que en 2022 los costos por degradación y agotamiento ambiental ascendieron a 1.2 billones de pesos, equivalentes al 4.1 por ciento del PIB, mientras que el gasto en protección ambiental representó solo el 0.7 por ciento.
Para cumplir compromisos internacionales en cambio climático y desarrollo sostenible, la Secretaría de Hacienda estima que se requieren 1.7 billones de pesos anuales hasta 2030.
Opciones de financiamiento
Ante este panorama, la política plantea una estrategia de movilización de recursos basada en financiamiento público, participación del sector privado e instrumentos innovadores, como asociaciones público-privadas, bonos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impuestos y tasas ambientales, pagos por servicios ambientales y mecanismos de carbono azul.
También considera fondos nacionales e internacionales, fideicomisos para la biodiversidad, programas de apoyo a la pesca y acuacultura sustentable. Así como créditos bancarios y subsidios.
La coordinación interinstitucional a través de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES) y la inclusión financiera de mujeres y jóvenes son señaladas como claves para sostener a largo plazo la economía oceánica sostenible y proteger los mares y costas del país.
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