Por Gabriela Cruz
En días pasados, Mildred Ávila Vera, integrante de la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, presentó una iniciativa para que el personal médico y de Salud garantice el derecho de las niñas y adolescentes a recibir atención, orientación e información precisa y verídica sobre planificación familiar y el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos.
Conocida como la iniciativa “Niñas, no madres”, propone además, que el personal de Salud extienda a las adolescentes embarazadas, certificados médicos que justifiquen las ausencias por embarazo y maternidad, con validez ante las instituciones educativas; a la vez que éstas establezcan un plan de permanencia y continuidad escolar, a fin de reducir la deserción por esta causa.
La diputada local explicó que el embarazo precoz o adolescente es una forma de reproducción de la desigualdad y de la pobreza, que afecta particularmente a las menores de edad de las comunidades en mayor situación de precariedad, por lo que afirmó, “prevenir el embarazo en niñas y adolescentes es otra forma de lucha social para reivindicar sus derechos”.
Madres menores
Mildred Ávila señaló que en Quintana Roo, en 2023 se detectaron 62.78 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años y en México, ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.
La OSC Gobernanza MX, coincide en que el embarazo adolescente tiene una estrecha relación con el estatus socioeconómico, pues se ha comprobado que adolescentes que provienen de familias con una mayor economía, tienen acceso a una mejor educación, así como información y acceso a métodos anticonceptivos o en su caso, procedimientos de aborto.
Cabe resaltar que Gobernanza MX ha realizado diversos cabildeos que contribuyeron a la despenalización de la interrupción del embarazo en Quintana Roo, hasta las 12 semanas de gestación, y uno de los principales argumentos fue precisamente, que la criminalización del aborto reproduce la desigualdad, toda vez que personas con mejor situación económica, pueden acceder al servicio de aborto en el sector privado o bien, viajar a la Ciudad de México, donde se brinda en forma gratuita; mientas que las mujeres, niñas o adolescentes más pobres, no tienen esa oportunidad y sólo pueden optar entre una maternidad no deseada, que incluso ponga en riesgo su salud o bien, realizarse procedimientos inseguros, que ponen en riesgo su vida.
La legisladora lamentó que muchas familias, influidas por aspectos religiosos o culturales, consideran normal o, en su caso, obligan a sus hijas al matrimonio precoz infantil, debido a sus costumbres o, porque se oponen a los métodos anticonceptivos, debido a prejuicios sociales o al desconocimiento de los mismos.
“Imponer el ejercicio de la maternidad en adolescentes implica apostar por un impacto negativo en su salud física mental y emocional… Son niñas, no madres”, afirmó.
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