Por Ignacio Alonso Velasco
Estimado lector, me gustaría que antes de iniciar la lectura de la presente columna de opinión se haga la siguiente pregunta.
En caso de tener que necesitar los servicios de un juzgador por algún problema legal que usted pudiera llegar a tener, ¿preferiría que el asunto lo resuelva alguien que se preparó durante décadas para ello o, una persona que fue electa por voto popular tras salir sorteada en una tómbola?
Como publicó esta semana Grupo Pirámide, más de 400 jueces y magistrados declinarán su participación en el proceso electoral del próximo año, ya que sería como avalar la reforma al poder judicial federal que tachan de inconstitucional, por ir en contra de los derechos fundamentales de regresividad, de irretroactividad y de división de poderes.
Para ocupar un cargo público, el que sea, ¿cree usted que lo importante a la hora de elegir entre los diferentes candidatos han de ser los méritos demostrados en un concurso o que sea la diosa fortuna y la popularidad las que elijan? Es pregunta seria.
Servicio de carrera
De los tres poderes del Estado tan solo uno, el judicial, a nivel federal, había logrado implantar un servicio civil de carrera.
Sin embargo, en los poderes legislativo y ejecutivo la selección de los aspirantes a ocupar espacios funcionariales se sigue haciendo con base en criterios tradicionales, como amiguismo, compadrazgo o por tener que pagar deudas pendientes. Al eliminar la carrera profesional en el poder judicial federal se está llevando a cabo un retroceso de varias décadas en el logro de derechos.
En los países desarrollados lo más importante al elegir a un candidato para ocupar un cargo, público o privado, son las habilidades, conocimientos o destrezas demostradas durante un proceso de selección. El tener a personas preparadas en los puestos de toma de decisión beneficia a toda la ciudadanía ya que es más probable que sepan tomar las decisiones más acertadas.
Como propone Javier Hurtado https://bit.ly/3BKBluW , en el nuevo poder judicial sería necesario contar con rigurosos requisitos de elegibilidad como son: una evaluación curricular, examen de conocimientos, presentación de un ensayo, experiencia previa como juzgador y/o producción académica en materia jurídica, y acreditar una entrevista con legisladores o el Comité de selección.
Para cada vacante, dicho Comité debería seleccionar a los mejor evaluados, que propondría a los Poderes de la Unión para ser presentados como candidatos en la circunscripción de su residencia.
De no ser así, les estaremos enviando a los jóvenes el mensaje de que no deben esforzarse en su preparación, que mejor les irá siendo populares.
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