Por Nicolás Duran de la Sierra
El paquete de reformas al poder judicial recién enviado al congreso por el presidente López Obrador, reformas que buscan, entre otras metas, llevar la defensoría de oficio hasta las zonas más pobres del país; el envío de este paquete es también un episodio más en el ríspida lucha que se da entre el afán de limpieza del gobierno de la ‘4 T’ y un grupo de togados que se niegan a dejar los beneficios y lucros a las que están habituados.
Reformar el poder judicial, empezando desde arriba, no será fácil. Como en otras áreas de la vida del país, en este la corrupción también echó raíces y, por desgracia, el caso del exgobernador Mario Villanueva Madrid está en medio de la lucha entre los afanes renovadores de López Obrador y el hondo anclaje de un grupo judicial que, al menos en los últimos tres sexenios, vivió con un nimbo dorado y quiere seguirlo teniendo…
Por argucias de los jueces –detrás está el expresidente Ernesto Zedillo, dice el procesado-, la situación judicial de este se encuentra estancada y, por ahora, no podrá seguir su causa en prisión domiciliaria, derecho que se le ha negado una y otra vez aunque cubra los requisitos para obtenerla, como afirma Olga Sánchez Cordero, la titular de Gobernación y exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia. Se trata de una venganza política.
Todo parece apuntar, como se planteara al presidente López Obrador en su pasada visita a Playa del Carmen, que la ruta para hacer justicia a Mario Villanueva, será el indulto presidencial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está a punto de atraer el caso del único preso del ilusorio “Caso Cancún”, y digo ilusorio porque nunca existió. Todos los coacusados con el exgobernador han sido encontrados inocentes.
Saludable es para el país la reforma judicial iniciada por el gobierno federal en alianza con el Tribunal Superior de Justicia, que elaboró las iniciativas; sano es que de nuevo brille el poder judicial, pero en lo que ello sucede, la solución de casos como el del Villanueva Madrid debe ser prioritaria y no sólo por rectitud, sino porque los alardes de la injusticia opacan el esfuerzo presidencial y engallan a quienes medran en los juzgados.
