Por Ignacio Alonso Velasco
Deseo iniciar esta columna con esta frase genial de la eterna Chavela Vargas, quien no nació en México, sino en Costa Rica, pero amó y formó parte de nuestra cultura, hasta convertirse en la mejor intérprete del desgarro que implicaba ser mexicano en la época post revolucionaria.
Como reivindican Aljovín y Calderón[1], una de las dificultades a las que nos enfrentamos los naturalizados en nuestro país, que es México, es la de encontrarnos impedidos de participar y contribuir en el desarrollo de la vida pública, a pesar de estudiar, trabajar, tener familia y pagar impuestos aquí.
Al respecto, tan solo en esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha vuelto a invalidar, por ser inconstitucionales, dos leyes locales, ya que establecían el requisito de contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento para ocupar diferentes cargos públicos[2].
Estoy hablando de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con respecto al cargo de titular del Registro Público de Transporte de dicha Entidad y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la cual exige ser oriundo de México para ser Vice Fiscal, Director General, Coordinador General o Titular de los Centros y de las Fiscalías Especializadas y Perito. Incluso, para ser policía de investigación requiere, además de ser mexicano por nacimiento, no contar con otra nacionalidad.
El criterio que argumenta el Alto Tribunal para invalidar estos cuerpos normativos es el mismo que ha empleado ya en numerosas ocasiones[3]. Sostiene que las entidades federativas no tienen competencia para exigir ese requisito, conforme a los artículos 1° y 32 de la Constitución General.
Los efectos de estas sentencias son individualizados, sobre quienes promovieron las acciones de inconstitucionalidad, pero lo ideal sería que los cambios se llevaran a cabo a través de reformas constitucionales y legales aprobadas por los Congresos, lo cual tendría consecuencias generales y abstractas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende claramente que mantener candados legales a la inclusión plena de los ciudadanos por naturalización a la vida democrática implica contravenir varios tratados internacionales ratificados por México. Sin embargo, el Congreso de la Unión y los locales siguen manteniendo una distinción entre una ciudadanía territorial y otra por opción, lo cual avala jurídicamente una patente xenofobia.
No existe otro país democrático que excluya y haga distinciones políticas y administrativas entre sus propios ciudadanos de esta magnitud. Es por ello que es hora de que México se convierta en una nación abierta al mundo y deje de ser discriminatoria sobre quienes la lotería de la vida nos hizo nacer en cualquier otra parte del mundo.
CITAS
[1] Aljovín, J. D. y Calderón, L. (6 de julio de 2020). Los mexicanos naturalizados y su batalla por conseguir derechos plenos. Nexos. Disponible en https://bit.ly/39r3kNX
[2] Estas invalidaciones son fruto de un par de sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación los días 21 y 23 de julio del 2020, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 111/2019 y 157/2017. Ambas promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
[3] Ver Alonso, I. (23 de abril de 2020). SCJN se vuelve a pronunciar a favor de los mexicanos naturalizados. Grupo Pirámide. Disponible en https://bit.ly/2y7ZlYt
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(*) Dr. Ignacio Alonso Velasco es profesor universitario de Derecho, asesor jurídico en el Congreso del Estado de Quintana Roo, presidente de la Asociación de Egresados del Iapqroo y del colectivo Mexicanos de Corazón y columnista del Grupo Pirámide.
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