Por Hugo Alday Nieto

Hace unos días tuve la fortuna de ser el único diputado invitado del Congreso del Estado de Quintana Roo para participar como ponente en el “Foro Tulúm 2023: llamado a la acción contra la corrupción en México”, evento coordinado por la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC), así como de la Convención de Fiscales Anticorrupción en el marco de la conmemoración del 20 aniversario del Sistema Nacional Anticorrupción en México.

Tuve la fortuna de compartir mi panel con diputadas locales Cintia Valenzuela y Cecilia López de Guanajuato y Sinaloa, con las senadoras Minerva Hernández y Claudia Balderas; así como con el diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks, en donde manifestamos nuestro avances y preocupación por los pobres resultados en materia de corrupción y de transparencia.

Cabe señalar, que en dicho evento también participaron en representación de los órganos locales de combate a la corrupción, la contralora del estado, Reyna Valdivia Arceo y la fiscal anticorrupción, Rosaura Arzápalo, y figuras nacionales con amplísima experiencia y resultados en la materia como la doctora Carla Humphery y el doctor Santiago Nieto Castillo.

Inoperancia de juicio político

En mi ponencia, hice mención de la inoperancia del juicio político en Quintana Roo, por la inconsistencia entre la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo que establece en su artículo primero que es una Ley reglamentaria del Título Octavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Si seguimos la teoría del doctor Eliseo Rosales en su obra “Un lustro ilustre de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, en la que señala que la corrupción solo se combate aplicando la Ley, en el caso que nos ocupa en el juicio político de Quintana Roo, no se trata de que los servidores púbicos encargados de resolver los asuntos no aplican el derecho, sino que el derecho fue modificado afectando su aplicación.

Desde mi perspectiva, en Quintana Roo el problema más grave no solo es la construcción del derecho para la correcta aplicación del derecho, sino que desde hace casi 50 años se ha actualizado una máxima que me compartió un magistrado del tribunal contencioso electoral cuando yo era solamente un pasante de derecho, después de la primera concertacesión entre Carlos Salinas y Diego Fernandez en Querétaro, “cuando el poder político entra por la puerta, las razones jurídicas saltan por la ventana”.

Y la voluntad política para enderezar el proceso, tuvo que llegar de la mano de la cuarta transformación.

Lo anterior debido a que, después de que se expidió tal Ley, el Título Octavo referido dela Carta Magna fue modificado, y con tales reformas, algunos aspectos fundamentales de la redacción de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de juicio político, quedaron como notoriamente discordantes por lo que, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado se Quintana Roo en cita no podía ya seguir teniéndose, ni llamándose como reglamentaria, sino que, ante el vacío legal que ello implica, el pretender tomar como aplicables aquellos artículos tal cual son, revelaría una posible inconstitucionalidad, porque subsisten aspectos en los que la Ley reglamentaria va más allá de la máxima norma del Estado, violentando un principio, el más importante, el de la supremacía constitucional.

Lo mismo, pero no es igual

Parafraseando a Silvio Rodríguez, pareciera que es lo mismo pero no es igual al leer ambos numerales; toda vez que el juicio político es la fase procesal donde los justiciables ya no pueden litigar; pues se trata en resumen de la fase decisoria en la que compete exclusivamente a Poder Legislativo y que se deriva del dictamen de la Comisión de Justicia, de su notificación a la Mesa Directiva, de la votación del pleno que decide y determina la creación de una comisión sustanciadora del mismo y finalmente de una decisión para sancionar en su caso a un mal servidor público; de donde de acuerdo con la Carta Magna si no se genera la sanción dentro del plazo señalado de un año, el juicio será sobreseído, es decir, será terminado por anticipado por acaecer una causal de improcedencia.

De esta forma, desde nuestra llegada al Congreso a finales de 2022, hemos resuelto 11 juicios políticos que son en estricto asuntos con la nula capacidad de resolver mediante el procedimiento sancionador. Es decir, quienes nos antecedieron dejaron que transcurriese el término para hacer imposible su ejecución.

En dicho Foro también propusimos la profesionalización del estudio del fondo de un juicio político, ya que dada la conformación del Poder Legislativo, en el que no existe una hegemonía académica, ni de preparación técnica en cuestiones relacionadas con las documentales que puedan contener carácter probatorio para acreditar violaciones a procedimientos jurídicos, administrativos o contables, se requiere establecer un órgano técnico sustanciador que guíe el procedimiento sobre el que los legisladores actúen y tomen sus decisiones, como pudiera ser, en su caso la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en donde los legisladores cuenten con la información técnico jurídica veraz y sustentada que corresponda para la toma de decisiones razonadas y con base en datos comprobables.

Esta ha sido un estricto extracto de mi propuesta ante el “Foro Tulum 2023: llamado a la acción contra la corrupción en México”, en el que citando al doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, plasmada en la obra denominada “Transparencia y combate a la corrupción. Las lecciones de Santiago Nieto Castillo”, cerré con esta frase que nos da la pauta de que la lucha contra los corruptos, apenas empieza en Quintana Roo.

“Si conceptualizar a la corrupción es una tarea difícil, medirla puede llegar a ser más complicado. Veamoslo de la siguiente manera, encontrar un acto o hecho de corrupción implica recursos, esfuerzo e investigación. Y, una vez revelados los actos, puede surgir más corrupción al presentarse otros fenómenos como la impunidad y la opacidad.”

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