Por Ignacio Alonso Velasco
La constitución de un nuevo territorio en la costa oriental de Yucatán fue una propuesta
que presentó Manuel José Sierra Méndez a Porfirio Díaz en junio de 1896, como
reacción provocada por la lucha de intereses sobre un espacio que no lograban controlar
las autoridades yucatecas, pero que era domesticado por el poder militar indígena con apoyo de la Corona Inglesa, por medio de sus relaciones con Honduras Británica.
Así se trató de restringir el tráfico ilegal de armas y el contrabando que los ingleses de
Belice llevaban a cabo por el Río Hondo, al mismo tiempo que se cooptaban las
posibles intenciones de los enriquecidos henequeneros en caso de que quisieran
sustraerse del poder central, llevándose la riqueza henequenera y la reserva de las selvas sudorientales.
La creación del Territorio Federal de Quintana Roo se llevó a cabo por medio de
Decreto Presidencial de Porfirio Díaz en 1902.
Posteriormente, Venustiano Carranza decretó la anexión del Territorio de Quintana Roo a Yucatán en 1913 y, en 1915, el mismo Presidente de la República volvió a erigir dicho Territorio.
Dieciséis años después, en 1931, Pascual Ortiz Rubio decretó la anexión del Territorio Federal de Quintana Roo a los estados de Yucatán y Campeche.
Después, Lázaro Cárdenas creó nuevamente el Territorio Federal quintanarroense en 1935. El estado de Quintana Roo se estableció como entidad federativa mexicana el 8 de octubre de 1974.
La Reserva de la Biosfera Calakmul fue creada el 23 de mayo de 1989 y el 1° de enero
de 1997, el gobierno del estado de Campeche, colindante con Quintana Roo, creó el
municipio homónimo de dicha área protegida, sobre parte de la superficie bajo
indeterminación jurisdiccional existente en la Península de Yucatán fruto del conflicto
aquí analizado.
Actualmente existe una disputa entre Quintana Roo, Campeche y Yucatán por una
franja de tierra de 10 mil 200 km 2 lo que supone un 20% del territorio de la entidad
federativa quintanarroense.
Dada la coyuntura política, no se vislumbra una pronta solución a este problema
Esto es debido a no hay acuerdo acerca de en dónde está ubicado el vértice cerca de Put,
que es donde confluyen los territorios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
La situación entre las entidades federativas peninsulares la podríamos calificar como de
calma tensa, ya que no se dan conatos de violencia, pero tanto yucatecos como
campechanos y quintanarroenses se expresan mutuo rechazo, como consecuencia de la desintegración regional que ha caracterizado a los estados peninsulares, y se muestran reticentes ante los problemas de sus vecinos como si fueran entidades aisladas y no partes de la misma unidad geopolítica.
Ya se han presentado diversas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) desde de que en 1997 el Gobernador de Campeche, Jorge
Salomón Azar García, creara el Municipio de Calakmul sobre un espacio geográfico
bajo indeterminación jurisdiccional.
En ese entonces se interpusieron las controversias 9/97 y 13/97. El actor fue el Estado de Quintana Roo, tratando de defender su soberanía sobre la franja en disputa.
Ahora se han intercambiado los papeles y es el estado de Yucatán quien, el catorce de
junio del 2019, interpuso la controversia constitucional 226/2019 en contra del estado de Quintana Roo y sus tres poderes.
Todo ello motivado por el Decreto Número 303, expedido por el Poder Legislativo quintanarroense y por un nuevo mapa oficial de referencia geográfica publicado en el Periódico Oficial de la misma entidad federativa.
Ante la falta de decisión definitiva del Alto Tribunal a las indefiniciones jurisdiccionales, es preciso buscar medidas a nivel estatal y municipal que palíen las consecuencias derivadas de esa ausencia de resolución, que están afectando a la población asentada en ese territorio en disputa.
Es por ello que aquí se propone la idea de que las autoridades de las administraciones municipales enfrentadas atiendan de manera coordinada a esas comunidades, bajo la figura legal de derecho público, conocida como asociación intermunicipal, la cual podría dar respuestas más eficientes a las necesidades de las localidades ubicadas en la zona limítrofe.
Solo así se lograría la unidad política, económica y cultural de la región que el poder central estratégicamente dividió.
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