Ignacio Alonso Velasco
En algunos países latinoamericanos la cuestión de la reelección se ha convertido en un tema muy de actualidad, a consecuencia de la polémica reforma constitucional que logró, en agosto del año pasado, Nayib Bukele, la cual le permite reelegirse indefinidamente.
Ante los ataques de sus detractores, Bukele se defiendió diciendo que: “el 90 % de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta, pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de pronto es el fin de la democracia”, publicó en la red social X.
Esta afirmación es cierta, en parte, pues en Francia, tanto el Jefe de Estado como su Primer Ministro, pueden ser reelegidos indefinidamente; en Italia lo mismo; en Reino Unido y Canadá sus Primeros Ministros también tienen la opción; en Alemania el Canciller puede ser reelegido cuantas veces gane, lo que posibilitó que Ángela Merkel estuviera 16 años en el poder (2005-2021); la misma permisibilidad se encuentra en países como España, Portugal, Eslovaquia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Eslovenia, Grecia, Letonia y Países Bajos.
Se trata de sistemas parlamentaristas en los que la elección del primer ministro o presidente proviene de un acuerdo en el Parlamento de fuerzas políticas diversas. Es muy diferente a un régimen presidencial en el que se realizan dos elecciones por separado e independientes, la de quienes integrarán el poder legislativo, por un lado, y la de la presidencia, por el otro.
Finalmente, se puede afirmar que este análisis comparado permite observar tensiones entre dos lógicas contrapuestas: la búsqueda de continuidad en la administración local frente al temor a la concentración de poder.
Casos como El Salvador y Nicaragua ilustran cómo la manipulación de la reelección puede convertirse en un mecanismo de autoritarismo, mientras que experiencias como las de España o Uruguay muestran que la reelección puede coexistir con democracias sólidas.
El problema está en abrir la puerta a la reelección en regímenes autoritarios como en Rusia, cuando en 2020, Vladimir Putin logró que se aprobaran reformas que le permiten mantenerse en el poder hasta 2036 o como lo es el caso de países latinoamericanos como Nicaragua, en donde Daniel Ortega preside desde hace más de 18 años, y Venezuela, donde Chávez presidió durante 14 años consecutivos, hasta su muerte, cuando le sucedió su delfín, Nicolás Maduro, hasta inicios del presente año. Problemas similares se vivieron en Ecuador con Rafael Correa y en Bolivia con Evo Morales, pero lograron revertir la situación. En Colombia, en 2010, la Corte Constitucional eliminó la posibilidad de que Álvaro Uribe aspirase a un tercer mandato seguido.
Dicho problema es a lo que Schedler (2024) le llama subversión democrática, la cual consiste en que: “actores no democráticos que primero llegan al poder a través de elecciones democráticas y luego proceden a demoler el edificio de la democracia, ladrillo por ladrillo” (p. 70).
Por lo tanto, para que la posibilidad de la reelección inmediata no sea un fracaso es necesario que en el país haya independencia de poderes, transparencia electoral y garantías institucionales, lo cual suele estar presente en países desarrollados. Atento lector, ¿usted cree que esas condiciones se dan en México o no?
