Por Ignacio Alonso Velasco
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en vísperas de tomar una resolución con respecto al conflicto limítrofe entre Oaxaca y Chiapas declaró que: “…ante un asunto que implica un problema político y social muy grave, que tiene muchas décadas sin que se haya resuelto, ¿vamos a tomar una decisión formalista y letrista para dejar el asunto simplemente sin resolver o nos tomamos en serio la responsabilidad de Tribunal Constitucional”.
Decisión histórica
El pasado 11 de noviembre, el Alto Tribunal acabó tomando una decisión histórica y resolvió que las 160 mil hectáreas en disputa en la selva de los Chimalapas son territorio oaxaqueño y que el municipio de Belisario Domínguez, que creó Chiapas, de manera unilateral en ese territorio, debe ajustarse a la nueva línea limítrofe determinada en la sentencia.
De esa forma se puso fin a una controversia constitucional que se interpuso en el 2012, pero cuyo conflicto territorial comenzó desde 1967, hace 54 años.
Ahora, ambos Estados cuentan con medio año para realizar modificaciones a sus respectivas constituciones y demás leyes locales para apegarse a los puntos limítrofes reconocidos.
Hay que señalar que esta trascendente decisión se adoptó sin haber llevado a cabo una consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas de Los Chimalapas, contraviniendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
¿Qué efectos ha traído consigo la sentencia de la SCJN?
Al día siguiente de que el Alto Tribunal dictara su sentencia y sentara un importante precedente, se constituyó un grupo denominado “Pueblos Autónomos en Defensa de sus Tierras”, el sexto grupo de autodefensas indígenas del país.
Con el rostro cubierto y portando palos, garrotes y fusiles, estas personas originarias del Municipio de Cintalapa, exigieron al Presidente de la República que los apoye en su lucha por la defensa del territorio de las comunidades que resultaron afectadas por la resolución de la Corte.
Externaron su deseo de no ser parte de Oaxaca y anunciaron que defenderán su derecho a pertenecer a Chiapas por la vía armada.
Ellos no quieren regirse por medio de usos y costumbres indígenas y además temen que se les despoje de sus tierras.
Ante este levantamiento en armas, el edil de Santa María Chimalapa, Francisco Sánchez Gutiérrez, hizo un llamado a los gobiernos federal y estatal a reforzar la seguridad con recorridos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
También se ha creado el Comité de Resistencia por la Defensa del Territorio Chiapaneco por parte de ejidatarios de los municipios de Cintalapa y Belisario Domínguez, quienes advierten con llevar este asunto a instancias internacionales, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al no ser consultados y aseguran que van a reforzar las guardias comunitarias en cada localidad para evitar invasiones
Lucha para defender el territorio
De los 22 ejidos del noroeste del Municipio de Cintalapa, en la zona de Los Chimalapas, 5 acordaron seguir la lucha para defender su territorio, mientras que el resto aceptaron integrarse a las mesas de trabajo planteadas por la Secretaría de Gobernación para conocer qué entidad federativa administrará la zona.
Los ejidos rebeldes son Constitución, Felipe Ángeles, Merceditas, Reforma y La Hondonada y amenazan con cercar con alambre toda la superficie de sus ejidos para que no se rompa la unidad de la comunidad.
¿Sería conveniente que la SCJN resolviera también la controversia de límites en la Península de Yucatán?
A esa pregunta le daré respuesta en la próxima entrega.
Mientras tanto, le dejo esa interrogante para su reflexión.
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