Por Ignacio Alonso Velasco
En la Península de Yucatán existe un añejo conflicto limítrofe que provoca una disfuncionalidad del actual modelo de gestión pública. Esto está ocasionando una falta de desarrollo sostenible y de atención a las necesidades de la población asentada en el territorio bajo indeterminación jurisdiccional.
Existen otros mecanismos de gobernanza a nivel local que podrían ser adecuados para atender a esta región. Así, tenemos la figura del asociacionismo municipal, la cual ya ha demostrado ser un modelo adecuado de gobernanza en otros lugares.
La participación activa y productiva de los municipios mexicanos es uno de los mayores retos del presente siglo. En la última década se ha comenzado a redimensionar la importancia de los gobiernos municipales, como entidades públicas de gobierno, espacios donde debe potenciarse el desarrollo social del país.
De esta manera, la intermunicipalidad como herramienta de trabajo y figura jurídica permite un mayor grado de corresponsabilidad, integración y distribución de competencias con plenitud de facultades de gobierno municipal entre sus asociados, realizando así un pacto local intermunicipal horizontal, con la suficiente autoridad para llevar a cabo una gestión y operación más eficaz.
En México los gobiernos locales han logrado una mayor autonomía para decidir sobre asuntos propios, pero se encuentran limitados por su capacidad financiera. Además, poseen una gran heterogeneidad en sus capacidades institucionales, lo cual incide en una baja competencia para tratar de resolver los problemas que los aquejan.
Lo primero que se necesita para establecer un acuerdo de cooperación entre municipios es que tengan voluntad para celebrarlo, ya que deben enfrentar cuestiones burocráticas y diferentes posiciones políticas al compartir límites con otros gobiernos locales que no pertenecen al mismo partido. Además, deben existir incentivos que hagan atractivo el hecho de cooperar y han de ser pocos los municipios a integrarse.
Si bien es cierto que las decisiones de asociarse caen dentro del ámbito de las localidades, los gobiernos estatales y federal pueden desempeñar un papel relevante en el incremento de incentivos para que se realicen este tipo de asociaciones. Los gobiernos estatales pueden promoverlas a través de mejoras en sus leyes. El gobierno federal podría proveer asesoría en la materia, dando a conocer los beneficios que se derivan de este tipo de acuerdos, especialmente en los municipios de alta marginación.
En un territorio donde las fronteras se han vuelto sinónimo de estancamiento, la cooperación intermunicipal ofrece la posibilidad de trazar nuevas rutas de futuro. No se trata únicamente de resolver un diferendo limítrofe, sino de imaginar una forma distinta de hacer gobierno: más cercana, más madura y más corresponsable. Apostar por la asociación municipal en la Península de Yucatán es, en el fondo, apostar por un modelo que convierte la incertidumbre en oportunidad, y que invita a los actores locales a levantar la mirada y reconocerse como aliados estratégicos. Es en esa convergencia —de voluntades, de capacidades y de visión— donde puede nacer el desarrollo compartido que la región lleva décadas esperando.
