Por Jaguar Negro
Cancún, Quintana Roo. Pese a todo: las denuncias de los desaparecidos, el elevado índice delictivo que presenta Quintana Roo en la península y las graves denuncias, como la que hizo una madre a la que le pedían dinero para emitir la alerta Ámber, el fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, logró llegar a enero contra todo pronóstico.
Quintana Roo acumuló de enero a noviembre más de 47 mil delitos, contra casi 4 mil de Yucatán y poco más de 23 mil de Campeche.
La fiscalía es uno de los pocos cargos transexenales, es decir, que exceden el mandato de un gobierno estatal que dura entre cinco o seis años, dependiendo el período.
Montes de Oca fue designado fiscal del estado con una ley modificada en el 2018 para que pudiera serlo: no tenía la residencia mínima establecida por la ley de ese entonces, que exigía al menos 10 años, y el Congreso modificó ese requisito para dejarlo en cinco años, que tampoco cumplía el actual fiscal.
Con él ingresó Alberto Capella en Seguridad Pública que salió envuelto en un escándalo por la represión del 9N contra grupos feministas.
Desde hace algunas semanas, algunos medios impresos han montado una campaña para mostrar supuestos resultados de Montes de Oca, que contrastan con las cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo, que es un organismo autónomo con participación ciudadana, que revela que Quintana Roo es el estado con mayor número de delitos, tanto de fuero federal como estatal.
Aun así el Fiscal sigue enquistado en el gobierno de Mara Lezama y al parecer se quedará, «nadando de a muertito» pese a los magros resultados, con miles de carpetas de investigación archivadas, que representan a personas que no encuentran justicia en Quintana Roo.
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