Por Jaguar Negro
Cancún, Quintana Roo. Por efectos de la pandemia, el estado de Quintana Roo dejó en “stand by” la promoción de sus destinos para ocupar los pocos recursos que ingresaban a las arcas para mitigar el hambre, el desempleo y la salud que trajo esta calamidad al Estado y el mundo.
Es por ello que el sector empresarial-hotelero debió salir al quite y promocionar, con sus propios recursos, los destinos y los hoteles que les dejan millonarias sumas cada daño.
En el ámbito federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó todo recurso que olía a financiar, con dinero público, las empresas privadas, bajo figuras de fideicomisos, que sea dicho, nadie controlaba.
Es como pretender que el estado financie una empresa, cuyos beneficios, está palpable y por demás evidente, se quedan en pocas manos, que no tienen precisamente incluido el concepto de la “bonanza compartida”, como definió la gobernadora Mara Lezama. Todo lo contrario.
Delfinarios y el maltrato animal
Ahora se acaba de ser aprobada, en el Congreso de la Unión, la prohibición para que se abran delfinarios, al reformarse el artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre.
Es decir, no se cierran los que existen en la actualidad, sino que no podrán abrirse otros ni tampoco podrán capturar nuevos ejemplares, así como permitir que las hembras en cautiverio sigan procreando.
Con las modificaciones a la ley, que todavía debe pasar al Senado, las empresas podrán seguir explotando a los ejemplares hasta que éstos mueran. Hasta ahí.
Según datos de El Economista, Quintana Roo concentra 17 de los 34 delfinarios que hay en el país, y a nivel nacional los recintos generan 15 mil empleos directos e indirectos.
El mismo artículo cuantifica que 300 delfines se encuentran actualmente en cautiverio en México: lo que significa durante los 20 a 35 años promedio que dura que dura su vida.
Para los organismos de protección de la vida, los delfines se encuentran en una cárcel acuática, de no más de 10 metros de profundidad y 10 metros de largo, lo cual, fue calificado como explotación y crueldad animal, en algunos casos en condiciones deplorables y de estrés que provoca su muerte o deformaciones.
El sector afectado no se ha cruzado de brazos y ahora ha lanzado una campaña mediática para impedir que la ley sea ratificada en el senado.
Hace unos años se dio la misma controversia cuando se eliminó de los circos la presencia de animales, dadas las condiciones en las que muchos de los ejemplares se encontraban; mientras tanto, los delfinarios siguieron funcionando para generar una boyante economía que depende de la explotación animal.
En estricto “sentido legal”: o todos coludos o todos rabones.
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