Por Jaguar Negro
Días atrás, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo, sin que ello implique ir a la cárcel.
A meses de la toma del edificio en bulevar Bahía, en el Congreso del Estado por los grupos feministas de Quintana Roo (Marea Verde particularmente), que buscaban una legislación local para este derecho a decidir sobre los embarazos no deseados, no lograron que los legisladores de Quintana Roo pudieran ver por dónde iba el asunto; y la visión de la Corte ofreció un fallo histórico, sobre un caso de Coahuila.
El ex magistrado, Arturo Zaldívar, lo calificó como un “parteaguas” en la lucha de los derechos de las mujeres y de las personas gestantes.
Y un paso definitivo para cimentar una sociedad igualitaria.
“Una vida en libertad, con dignidad; una vida en que las mujeres ejerzan sus libertades sin miedo a enfrentar la violencia del Estado, o los peligros de la clandestinidad”, escribió en su columna de Milenio.
Lo más llamativo de la votación de Quintana Roo, es que las mujeres legisladoras se inclinaron por los criterios Provida, incluso, las de extracción morenista.
Liderado ahora el panista, Eduardo Martínez Arcila, el Congreso todavía no ha movido un ápice para enmendar la plana de la “pifia” de criterios, en contrasentido a los de países donde los Derechos Humanos son agenda prioritaria, y no los endeudamientos y compras de autos y plataformas digitales, cuyos gastos nunca son esclarecidos.
Falta menos para que acabe una de las peores legislaturas de toda la historia de Quintana Roo.
