Con cifras de alarma en cuanto al número de delitos denunciados, más de 50 mil el año pasado, primer lugar en secuestro y una elevada percepción de inseguridad, Quintana Roo tiene un gran reto en seguridad y la procuración de justicia, donde menos del 1 por ciento de las quejas llegan a una resolución judicial.
Por Luciano Núñez
Escuchar el diagnóstico médico de un enfermo siempre conlleva una angustia: ¿Qué tan mal está la situación? ¿Cuál será el pronóstico y tratamiento? Y, si le diría que el paciente es el Estado de Quintana Roo en materia de seguridad pública y procuración de justicia, la tensa situación se vuelve aún más penosa: tiene una implicación colectiva.
El panorama general previo al detalle analítico es desde ya alarmante: Quintana Roo registró más de 51 mil delitos en todo 2022, frente a los 4 mil 209 de Yucatán y los 25 mil 536 de Campeche. Lidera el índice nacional en la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes; según el informe de la organización Alto al Secuestro y la percepción de inseguridad, de acuerdo al último reporte del INEGI, tiene municipios con más de 80 por ciento de percepción de inseguridad.
Comparecencia del Secretario de Seguridad
Los diputados del Congreso del Estado escucharon días atrás el diagnóstico de propia voz del secretario de Seguridad Pública, Rubén Oyarbide, quien dejó la sensación de que la institución requiere de cirugía mayor, palabras más palabras menos.
Ahí van algunos datos que llamaron la atención y presentan números rojos. La cárcel de Cancún tiene una sobrepoblación de espanto. Tiene capacidad para 947 presos y alberga a casi el doble: 1801 presos. De los 716 vehículos asignados a la policía estatal de Quintana Roo, casi la mitad está en deterioro y 41 en mal estado. En cuanto a la violación de los Derechos Humanos existen más de 150 recomendaciones que no han sido atendidas, sin cumplir y en espera de respuesta. Así, Quintana Roo en cifras del Secretariado Ejecutivo ocupa el lugar 14 en el país en la incidencia delictiva y el tercer lugar nacional por cada 100 mil habitantes. Para todo el estado en la Secretaría estatal hay sólo 1654 policías operativos y 256 vacantes.
Penoso legado
El legado de Alberto Capella y Lucio Hernández (secretarios predecesores) heredaron un adeudo de 970 millones de pesos, de los cuales, 900 millones de pesos se adquirieron sólo en 2021 y 2022. Oyarbide dijo con tono indignado que en los almacenes había más de seis mil piezas de uniformes sin entregar.
A la hora de trazar una estrategia, aseguró que el camino es dignificar la policía, más infraestructura y capacitación en inteligencia.
Foco rojo en Villas Otoch
“No se trata sólo de estar deteniendo, sino en la prevención del delito”, aclaró. Y puso como ejemplo la conflictiva zona de la clase trabajadora en Villas Otoch, Cancún, donde hay focos de inseguridad muy altos, con un elevado número de viviendas deshabitadas, que son ocupadas con la finalidad de delinquir.
Ello, hay que recordarlo, es como consecuencia de la ley aprobada por la XV Legislatura con la llamada “Ley de las minicasitas”, que generó asentamientos humanos con pocos metros cuadrados de construcción, sin espacios verdes y hacinamiento social. El secretario fue claro y apeló a la teoría de los «cristales rotos», que dice que las condiciones del entorno tienen que ver con la percepción de inseguridad.
Este problema no es nuevo. El Fuerte Apache de Buenos Aires, Argentina, de donde salió el jugador de futbol Carlos Tevez, así como los viejos edificios de New Jersey, debieron ser demolidos debido a que falló la planificación social y urbana, que concentró en condiciones inhumanas a miles de personas que, a la postre, fueron caldo de cultivo para disparar los índices de violencia.
Aunado a esto, Oyarbide especificó que las cámaras no son suficientes: existen 1800 para todo el estado y sólo hay 100 destinadas a las capital del estado, Chetumal, así como lamentó los llamados “puntos ciegos” en la carretera a Felipe Carrillo Puerto.
El ex marino está seguro de que el camino es hacer una estrategia a largo plazo y seguirla, así como lo ha hecho Yucatán, que tiene niveles de seguridad comparables a países de Europa.
Los policías asignados
No menos preocupante es lo que señaló la diputada Susana Hurtado, quien metió el dedo en la llaga cuando consultó cuántos policías están asignados a ex funcionarios, lo cual, no pudo contestar el actual secretario. Cifras no oficiales dicen que podrían ser más de 100. En ese sentido, dijo la representante que sabe de buena fuente que un personaje del sexenio anterior tiene 4 policías asignados para su seguridad personal, algo que escapa a la ley que sólo contempla a ex gobernadores y alcaldes.
Las palabras clave, para el diputado Guillermo Brahms son corrupción, colusión y falta de coordinación. “Los últimos secretarios han sido de afuera, por eso no hay la confianza en que tengan el compromiso de garantizar la seguridad, porque están de paso”, dijo.
Fiscalía en el oscurantismo
No menos crítica es la situación de la Fiscalía del Estado, que debería procurar justicia para quienes interponen una queja o denuncia. En números del diputado del PT, Hugo Alday Nieto, la distancia entre el número las carpetas que se inician y las que llegan a una solución es abismal. “La mayoría se queda en el camino”. La fiscalía ha sido un tema recurrente y constante. “Hay un tema oscurantismo con el que se maneja la institución (la comparecencia de Oscar Montes de Oca ante el Congreso es la única que no puede verse en línea, dado que hubo problemas técnicos durante su comparecencia) y creo que nos afecta a todos”, remarca. Para el diputado la procuración de justicia pasó a un segundo término en el sexenio pasado. “Y nos sentimos a la intemperie. Con décadas de rezago y tenemos que ver un cambio”, lamentó.
En conclusión:
Con estos diagnósticos cualquier familiar del enfermo se tomaría de la cabeza y no le quedaría más que pedirle al doctor que haga todo lo humanamente posible para salvar al enfermo. Sin embargo, ¿Podemos confiar en la Fiscalía a cargo de Montes de Oca y el tratamiento a largo plazo de Rubén Oyarbide?
El presupuesto de Egresos dejó a la Fiscalía con el mismo monto, más lo que se agregue del Fideicomiso de Seguridad Pública que surja del impuesto al Hospedaje (donde los hoteleros acapararon nada menos que el 50 por ciento de esos recursos, es decir, tendrán 700 millones de presupuesto más un estimado de 700 millones de pesos más bajo el esquema de fideicomiso).
Ya conocemos los diagnósticos. Por ahora, no nos queda más que llorar y esperar un milagro.
*****
* Luciano Núñez Es técnico en Periodismo y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. Postgrado de Opinión Pública por FLACSO y diplomado en géneros periodísticos en La Salle, Cancún, e Historia de Quintana Roo en la Universidad del Caribe y Sociedad Andrés Quintana Roo.
Trabajó en medios de comunicación de Argentina y México y publicó los libros Voces que Vuelven, Tan Lejos y Otra Vez en Casa y la novela Magnificens Cancún, editada por Miguel Ángel Porrúa.
Fue director de Comunicación Social en Benito Juárez, Cancún y Solidaridad, Playa del Carmen.
Actualmente es director general de Grupo Pirámide y Vértice.
Nadería anterior:
Naderías Totales | Turismo y el cuento de la gallina… ¿Hemos aprendido o descorchamos otra champaña?
