25 terrenos forman parte de la investigación de la federación por ventas irreguladores de terrenos patrimonio del Estado. Cifras irrisorias aparecen en la venta final de grandes extensiones de tierras.

Por Luciano Núñez

El metro cuadrado de terrenos patrimonio del Estado de Quintana Roo, fue vendido unas veces a precio de chicles, de telas, de celulares y otras de cajetillas de cigarros, por la administración que encabezó Roberto Borge Angulo, según una ficha que forma parte de la investigación que lleva adelante la Procuraduría General de la República, PGR. Incluso, cuatro de los terrenos están a nombre de la madre del ex gobernador, María Rosa Yolanda Angulo Castilla.

Origen del IPAE

En el epílogo de la administración gubernamental que encabezó Joaquín Hendriks Díaz, entró en vigor –el 29 de marzo de 2005- el Decreto No. 156 que contiene la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo, que norma la administración, conservación y enajenación de los bienes del Estado.

Pero fue durante la gestión de Félix González Canto (actual senador) cuando el IPAE entró en funcionamiento. El objetivo principal era la racionalización de la administración del patrimonio inmobiliario del Estado, dado que éste se encontraba disperso en varias instituciones como son, INFOVIR, FIDECARIBE, Catastro y Oficialía Mayor.

De acuerdo con los rectores del plan original, fue planteado para elevar la capacidad crediticia del Estado, e instrumentar una política inmobiliaria estatal sustentable, a través de la orientación del mercado de tierras para el desarrollo urbano, económico y turístico. Contrario a esto, muchos de los precios quedaron en manos de familiares, amigos y funcionarios afines a Borge Angulo, aunque también es conocido que varios allegados al actual senador González Canto, son dueños de predios que obtuvieron a precio de ganga, entre ellos, el CREA, de la Zona Hotelera de Cancún, que fue a manos de Ricardo Vega Serrador, empresario gasolinero ampliamente beneficiado en su administración.

PGR y el caso del metro cuadrado de tierra a 1.50

Actualmente, pesan sobre el ex gobernador Borge Angulo varias investigaciones a raíz de denuncias de organizaciones civiles como “Somos Tus Ojos”, de Fabiola Cortés; del gobierno del Estado encabezado por Carlos Joaquín González y denuncias que integra la Fiscalía del Estado; pero acaso la más sólida se refiere a la venta de patrimonio del estado a personajes de su entorno, incluso, familiares, tal es el caso de su madre, que lleva adelante la PRG y por la cual, se han realizado embargos semanas atrás.

La información que está en manos de la PRG presenta diversos beneficiarios que compraron, en un caso, el metro cuadrado de tierra en Bacalar a precio de un chicle (de los más económicos): 1.50 (un peso con 50 centavos). Se trata del caso de la compra de Manuel Méndez Montoya, que según la documentación obtenida, se hizo de un predio de 3.957,595.00 de hectáreas, ubicado en Bacalar, a 5 millones 936.392,50; cuando el costo real de la venta debió ser por 176 millones 729.285,96; es decir, una diferencia de $170 millones 792.893,46.

La familia es lo primero

Según la investigación federal, el 13 de septiembre de 2013, el IPAE vendió otro terreno bajo el contrato de compraventa a plazos, el 13 de marzo de 2009, a María Rosa Yolanda Angulo Castilla; madre del ex gobernador, por un terreno de 4,432.73 m2, ubicado en la 90 avenida Sur Bis, entre av.  Benito Juárez y calle 1era sur, en el municipio de Cozumel.  El precio que otorgó el IPAE fue de 200 pesos el metro cuadrado (como un metro de tela para cortinas), y terminó pagando $986.860,00; aunque el valor real por ese entonces superaba los 12 millones de pesos, al día de hoy, ronda los 16 millones de pesos, de acuerdo a los avalúos de la autoridad federal.

El otro terreno, también a favor de María Rosa Yolanda Angulo Castilla, es el contrato de compraventa del 13 marzo de 2010 por un predio de 44,421.85 m2, ubicado en Cozumel, cuyo valor por metro cuadrado fue de 137 pesos, por el cual pagó  6 millones 108.004,79, cuando el valor real es de  29 millones 065.155,30.

Otros involucrados

Además, según la investigación, los otros terrenos figuran los nombres de la empresa Posada Diving Ranch S.A.P.I. representado por el c. José Manuel caballero sillas  y Gabriela González Elizondo, por un predio de 131,253.91.00 m2 ubicado en Mahahual, quienes pagaron a 5 pesos el metro cuadrado, lo que cuesta un puñado de caramelos.

En el Sur del estado, en el municipio de Othón P. Blanco, se realizó la transacción entre el IPAE y la empresa inmobiliaria Cigarra S.A. DE C.V. representada por Santiago Samuel Jimenez por un predio con una superficie de 2498.80 m2 ubicada en Chetumal. El costo abonado fue de casi dos millones de pesos, aunque el precio real es de casi 22 millones.

Zona Hotelera Cancún

Entre los 25 predios señalados, figuran al menos tres en Zona Hotelera y uno en Isla Mujeres. En primero de ellos es un contrato millonario cuya compraventa fue realizada con la empresa Caveri Servicios Inmobiliarios S.A. DE C.V., representada por el Santiago Samuel Jiménez Moreno por un predio de  3,905.25 m2, ubicado en la fracción 1, lote d-l, manzana 29, ubicado en Cancún, donde el metro cuadrado fue cotizado en $8.370,00. El monto de la operación fue por  $32.686.942,50; cuando el valor real del inmueble era de  $199.194.713,01.

El mismo Santiago Samuel Jiménez Moreno obtuvo un terreno, cuyo precio el metro cuadrado era de 50 pesos (lo que vale una cajetilla de cigarros), en las sascaberas de Benito Juárez, con una superficie de 50,001.28 metros cuadrados, donde pagó $2.500.064,00, cuando el precio real era de $95.787.430,47.

El final de toda esta investigación, a cargo de la instancia federal, todavía tiene un final abierto. El daño todavía es reparable, siempre y cuando el Estado vuelva a contar con el patrimonio territorial, que alguna vez fue su fortaleza y razón de la riqueza cultural y natural; y  que fue avasallado por un puñado que hoy enfrenta a la justicia.

25 PREDIOS CUYAS TRANSACCIONES SON INVESTIGADAS POR LA FEDERACIÓN

Distribuidores de carne de de Chetumal se manifestaron en contra de la construcción de un rastro para aves que se anunció entrara en operaciones en el 2018, los empresarios aseguran que hay el riesgo de que se monopolice el precio de la carne de pollo pues la concesión se está entregando a un particular.

Manuel Jesús Quijano, dijo que el pretendido rastro es sólo una estratagema de unos empresarios introductores de pollo vivo para acaparar el mercado como lo han hecho en años anteriores, que incluso los llevó a que los sancionaran por prácticas monopólicas en el año 2012  por la Comisión  Federal de Competencia (CFC).

Expresó que Jorge Romero Sierra pretende acaparar el mercado y cobrar entre ocho y nueve pesos por la maquila de cada pollo vivo aumento que se vería reflejado en el precio al consumidor.

Dijo que en estos momentos cada mayorista maquila en rastros domésticos sus aves con la supervisión de las autoridades del sector salud y el pago al municipio, pero con el nuevo rastro tendrán que cerrar y pagar el servicio a un particular que tiene expendios que no reúnen incluso las normas de higiene.

Por su parte, Rubén Darío Pérez Méndez, recordó que él fue el que interpuso la demanda en contra de Jorge Romero y otros introductores para que la Comisión Federal de Competencia investigara el caso y esta vez harán lo mismo ya que la puesta de este rastro es una táctica más para monopolizar el mercado.

En este sentido, Manuel Alejandro López, adelantó que prepara una manifestación ya que el rastro al entrar en función dañara a varias familias que por años han invertido en este negocios por años y se beneficiará a unos cuantos que desde hace años busca la manera de mantener su monopolio de la venta de pollo fresco junto con la empresa Bachocco.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), exige al presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba una clara y oportuna estrategia de seguridad, pues su falta de interés y capacidad han dado como resultado el incremento en los delitos y la afectación a la imagen del destino turístico más importante del país.

“Exigimos de una vez por todas al presidente municipal de Benito Juárez que tome cartas en el asunto en el tema de inseguridad, el partido vaticinó que la falta de interés de Remberto Estrada iba a derivar en lo que hoy estamos viviendo, pues la policía municipal es inoperante, sin ningún tipo de estrategia, el alcalde tiene que dar la cara a los benitojuarenses y precisarnos cuál es su estrategia de seguridad”, sentenció.

Aguilar Osorio, puntualizó que no se puede permitir seguir poniendo en riesgo a las familias y ciudadanos de Benito Juárez, por lo que, dijo que la solución es que el gobierno del estado tome el control absoluto de la seguridad de este municipio a través del Mando Único, pues el alcalde ha demostrado a lo largo de estos meses que no tiene el interés para atender el problema a pesar de la millonaria inversión que hizo en la adquisición de patrullas, y los miles de elementos con los que cuenta que suman más de 2 mil cuando la Policía Estatal tiene apenas 800, de los cuales, 100 están asignados a Benito Juárez.

El presidente del PRD en el estado, apuntó que no es posible que aún con todos los policías con los que cuenta, el equipamiento e inversión, el gobierno municipal no sea capaz de brindar una de las principales garantías que es la seguridad.

Señaló que es sumamente preocupante que los actos delictivos empiecen a ser algo cotidiano en la ciudad de Cancún, pues apenas este domingo un joven fue asesinado a balazos en una playa de la zona hotelera, hoy lunes un comando armado atacó a balazos la fachada del restaurante Buzos, sin contar la serie de homicidios registrados en las últimas semanas.

Por ello, Jorge Aguilar insistió en que es momento que el gobierno del estado asuma el control de la seguridad en Benito Juárez pues actualmente existen mecanismos constitucionales para hacerlo y es mediante el Mando Único que el estado puede tener esa responsabilidad absoluta en casos como estos en los que la autoridad municipal se ha mostrado incapaz de hacerlo.

“No podemos permitir que los homicidios, robos y balaceras sean el pan de cada día, estamos a tiempo para frenar esta ola de delincuencia y para ello se requiere la presencia del estado, porque el gobierno municipal ha demostrado que no cuenta con la capacidad suficiente para darle seguridad a sus habitantes”, reiteró.

Además, lamentó que el gobierno de Remberto Estrada intente engañar a los ciudadanos desplegando una campaña de publicidad con espectaculares en la ciudad, afirmando que Cancún tiene mejor seguridad, cuando los hechos demuestran lo contrario, por lo que, es una burla para los habitantes que día a día padecen de la incapacidad del gobierno municipal para brindarles precisamente tranquilidad y seguridad.

Por otra parte, hizo mención a la tardía respuesta del cuerpo de bomberos de Benito Juáres para acudir a extinguir el incendio registrado este domingo en el malecón Tajamar, lo que ocasionó que a falta de la presencia de autoridades municipales, decenas de ciudadanos arriesgaron su vida y se metieron al fuego valiéndose de garrafones de agua, botellas, bolsas de hielo para tratar de apagar el siniestro, lo cual, dijo el dirigente del PRD es una muestra más de que el gobierno que encabeza Remberto Estrada no está cumpliendo con su trabajo y mayor responsabilidad que es proteger a sus habitantes.

El pasado domingo la sociedad capitalina recibía otra estocada de la ola de violencia que vive el estado: Marco Aurelio Gutiérrez, esposo de la ex delegada de Liconsa en Quintana Roo, Karla Blancas, era entrado muerto cerca de las cinco de la tarde en una casa de la Colonia Campestre, donde viven las familias más acomodadas de la ciudad. De hecho, a pocos metros del asesinado vive el ex presidente municipal de Othón P. Blanco, Eduardo Espinosa Abuxapqui.

De acuerdo a las fuentes policíacas, fue la misma esposa del también ex funcionario del municipio de Bacalar, quien llevó a cabo el reporte a la policía después de haber llegado a su domicilio y encontrarse con una espantosa escena: tanto su esposo como sus mascotas estaban muertos en un baño de sangre.

A lo largo de su carrera como servidor público, Aurelio Gutiérrez se desempeñó en diferentes áreas del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, principalmente, en la administración de Cora Amalia Castilla, tras lo cual se dedicó al comercio en Chetumal; aunque también trabajó en la administración anterior del municipio de Bacalar, cuando era presidente municipal José Alfredo Contreras, Chepe.

Tanto él fallecido como su esposa, eran personas muy conocidas en el ambiente político y empresarial. Por ahora se desconoce el móvil del crimen que conmocionó a la comunidad chetumaleña.